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  • ¿QUÉ ES Y CÓMO PARTICIPAR EN LA COP16 DE BIODIVERSIDAD?

    Compartimos un resumen de la nota informativa de la COP16 para que no te pierdas ni un solo detalle sobre el evento más grande del mundo sobre biodiversidad. ¿Vas a participar en la COP16? Te ayudamos a destacar e impactar. Visita nuestra sección COP16 para conocer nuestra oferta de servicios especializada. Contexto El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un acuerdo multilateral ambiental clave con tres objetivos principales: conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de suscomponentes y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Colombia, signataria del CDB desde 1995, ha participado activamente en la implementación de este convenio. La reciente COP15 aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece metas ambiciosas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Colombia, como vicepresidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, ha alentado a otros países a tomar medidas urgentes para implementar este marco, actualizando sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad. En este contexto, Colombia se prepara para liderar la organización de la COP16 en 2024, ejerciendo la presidencia de la Conferencia de las Partes por dos años. Esta oportunidad permitirá al país influir en decisiones globales, promover una agenda de Paz con la Naturaleza y fortalecer la participación de diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. La COP16 también será una plataforma para visibilizar los esfuerzos de Colombia en la implementación del CDB, promover el turismo científico y las inversiones en conservación, y fortalecer la imagen del país como potencia mundial de la vida. La realización de la COP16 en Colombia contribuirá al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con la vida submarina y los ecosistemas terrestres, pero también tendrá un impacto positivo en otros objetivos como el fin de la pobreza, la salud, la educación, el agua limpia, la producción y consumo responsables, y la acción por el clima. El gobierno colombiano, reconociendo la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, postuló a Colombia como sede de la COP16 y su ofrecimiento fue aceptado en diciembre de 2023. La conferencia se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. Ejes temáticos de la COP16 Colombia, reconocida por su vasta biodiversidad y compromiso ambiental, se prepara para la decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad con expectativas y determinación. En un mundo cada vez más consciente de la urgencia de proteger y preservar los ecosistemas, Colombia asume un papel crucial al albergar este importante evento. La COP16 ofrece a Colombia la oportunidad de destacar sus esfuerzos en la conservación de la biodiversidad y de contribuir activamente a las discusiones y decisiones que moldearán el futuro del medio ambiente a nivel global. En línea con lo expuesto, propone los siguientes ejes temáticos: Paz con la naturaleza. Conflicto y biodiversidad. COP de la gente. Amplia movilización social y Pre COP y COP para Pueblos Indígenas, comunidades locales y afrodescendientes. Naturaleza y cambio climático. Biodiversidad como pilar para la acción climática y panel de las Naciones Unidas para los minerales de la transcisión energética. Convergencia regional. Amazonía, mar, caribe y sur global. Financiamiento para la implementación. Mecanismos novedosos. Cali, ciudad sede Ubicada en el corazón del Pacífico colombiano, Santiago de Cali ha trascendido fronteras no solo como la capital mundial de la salsa, sino también por ser la ciudad de las aves y de los siete ríos. Esta región se distingue por sus variados ecosistemas y hábitats, que albergan una riqueza incomparable de especies animales y vegetales. Desde densos bosques tropicales hasta manglares y estuarios, pasando por caudalosos ríos, lagunas y playas. Además de todos estos ecosistemas, la región Pacífica cuenta con una amplia gama de hábitats que van de las playas hasta los estuarios; aquí viven especies como el delfín nariz de botella o el imponente pelícano pardo. También se encuentran lagunas y ríos que sustentan especies endémicas como la rana de vidrio y el pez arcoíris. Zonas del venue de la COP16 Zona Azul La Zona Azul es el recinto donde se desarrolla la conferencia de las partes, es gestionada por el Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica y administrada por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta zona estará ubicada en el Centro de Eventos “Valle del Pacífico”, ubicado al norte de la ciudad de Santiago de Cali, con fácil acceso desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y desde las principales vías de la ciudad, lo que facilita la llegada de asistentes locales e internacionales. Este es un espacio que está abierto a personas delegadas de los países miembros de la convención (partes firmantes del convenio), así como para personas observadoras (de Naciones Unidas y sus agencias, organismos o agencias calificadas en los campos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad), que cuenten con acreditación oficial por parte de las Naciones Unidas. Zona Verde La Zona Verde se concibe como el espacio dedicado al desarrollo de eventos, actividades pedagógicas, diálogos, exposiciones y otras actividades que potencian la agenda prevista en los espacios formales de la Zona Azul. La Zona Verde será el epicentro de la estrategia de movilización social y materializará la promesa de valor de convertir a la COP16 en la COP de la gente. La Zona Verde estará localizada en el Bulevar del Río, centro de la ciudad de Cali, a 14 KM del Centro de Convenciones Valle del Pacífico, donde se desarrollará la agenda de negociaciones de la COP y sus eventos conexos. Este espacio será un área abierta al público general que convoca a todos los delegados/as con acreditación y demás grupos de la sociedad para aprender, dialogar e intercambiar propuestas sobre el desafío global que representa detener la pérdida de la biodiversidad. Espacialmente, la Zona Verde será un circuito temático para que quienes visiten puedan realizar un recorrido a través de experiencias que incluyen los mensajes de la COP16 y de las acciones para la protección de la biodiversidad. Estas experiencias permitirán agrupar a aliados y axpositores por temáticas, al tiempo que ofrecerán a las más de 150 mil personas visitantes un recorrido inmersivo por las acciones derivadas del Convenio Marco para la Biodiversidad y la visión de Colombia en la COP16. La Zona Verde incluirá espacios icónicos de la ciudad de Cali para la realización de eventos en el marco de la agenda de la COP16 como: Teatro Municipal Enrique Buenaventura Teatro Jorge Isaacs Auditorio Cámara de Comercio de Cali Auditorio Banco de la República Auditorio Principal Centro Cultural Cali Sala Beethoven Teatrino Coltabaco ¿Cómo participar en la COP16? Existen varios mecanismos y espacios de participación en la COP16, compartimos las formas en las que puedes acceder a los espacios. Podrán participar en la Zona Azul las personas delegadas, observadores y periodistas de medios de comunicación acreditados por la Secretaría de la CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica). Más información Las organizaciones nacionales e internaciones de todos los sectores, podrán postular la realización de eventos alineados con las temáticas definidas para la COP16 en la Zona Azul ante la Secretaría de la CBD (Convenio sobre la Diversidad Biológica). Más información También podrán postular eventos en la Zona Verde, alineados con las temáticas definidas para la COP16. Formulario de inscripción Organizaciones que contribuyen con la agenda de protección de la biodiversidad e interesadas en reafirmar su posición de liderazgo en las acciones para detener su pérdida, así como desarrollar estrategias para recuperar la biodiversidad como parte del bienestar humano, podrán postularse como aliados. Formulario de inscripción Organizaciones interesadas en contar con un espacio de exposición dentro de la Zona Verde, podrán postularse como expositores. Formulario de inscripción Iniciativas innovadoras y soluciones basadas en naturaleza que favorezcan el cuidado del territorio y la biodiversidad, con un énfasis en iniciativas populares y comunitarias, podrán postularse para participar en la Feria de Negocios Verdes. Más información Personas interesadas en participar de los eventos de la Zona Verde y eventos liderados por organizaciones aliadas, podrán asistir realizando una inscripción previa, teniendo en cuenta el aforo de los espacios. *Estas inscripciones se habilitarán a partir del mes de septiembre.

  • COLOMBIA LIDERA LA COP16 POR LA "PAZ CON LA NATURALEZA" ANTE LA CRISIS GLOBAL

    Autor: Colmena Lab. El país hogar del 10% de la flora y fauna mundial, se prepara para ser el epicentro de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16), bajo el lema "Paz con la Naturaleza". Este llamado a la acción se produce en un momento crítico donde la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se perfilan como amenazas globales apremiantes, según el Informe de Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16) marca un hito crucial al ser la primera en evaluar los avances del Marco Mundial de Biodiversidad, también conocido como Marco Kunming-Montreal, adoptado hace dos años. Este acuerdo, adoptado por las naciones del mundo, establece cuatro objetivos y 23 metas para  2030, incluyendo la protección del 30% de las tierras, océanos, zonas costeras y aguas interiores del planeta.  Además busca   eliminar gradualmente o reformar los subsidios dañinos para la biodiversidad en al menos US $500 mil millones por año, aumentar los incentivos positivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos. La COP16 se llevará a cabo del 21 de Octubre al 1 de noviembre y  será crucial, representantes de  estados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales y nacionales comprometidos con la biodiversidad, la la conservación, y los derechos de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, se reunirán para evaluar  la implementación del acuerdo mundial, establecer mecanismos de seguimiento y fomentar la movilización de recursos que impulsen acciones e iniciativas en favor de la biodiversidad y el medio ambiente. La hoja de ruta de la COP16 para salvar la biodiversidad y el futuro del planeta La COP16 no sólo evaluará los avances del Marco Mundial de Biodiversidad, sino que también será crucial para definir las estrategias que permitan su implementación efectiva. Tres elementos serán clave en este proceso: Medir para avanzar. La operacionalización del marco de seguimiento que incluye los indicadores para cada una de las 23 metas que permitirá a los gobiernos informar sobre los avances. Financiamiento para la acción. La movilización de los recursos financieros necesarios para una implementación exitosa, en particular cómo implementar la Meta 18,  referente a la reforma de los subsidios ambientalmente dañinos y la Meta 19, y que compromete a los gobiernos a movilizar US $200 mil millones por año, para 2030. Acceso equitativo. Finalizar el mecanismo multilateral sobre acceso justo y equitativo y participación en los beneficios del uso de información digital de secuencias de recursos genéticos. La COP16 será un momento decisivo para traducir las promesas del Marco Mundial de Biodiversidad en acciones concretas que protejan la riqueza natural del planeta y aseguren un futuro sostenible para todos. La COP16 ante el reto de trascender las promesas vacías La anterior Cumbre de Montreal (COP15) marcó un punto de inflexión en la conciencia global sobre la pérdida de biodiversidad y la urgencia de actuar. Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos, persiste una preocupante brecha entre las promesas y las acciones concretas. La COP16 en Colombia será la oportunidad para que los países demuestren su voluntad real de traducir las palabras en hechos y avanzar hacia un futuro sostenible para el planeta. El acuerdo Marco Kunming-Montreal exige que los 196 países presenten nuevas Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB) antes de la COP16. Las EPANB equivalen a las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), planes que describen cómo los países individuales prevén alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. “Los países están avanzando con la actualización de su estrategia y planes de diversidad biológica. En todos pesa el tema del financiamiento, y aquí hay muchos problemas. ¿Los países parte tienen o no los recursos o tienen la disposición para invertir recursos públicos en estos procesos? Por ejemplo, en varios países de la región no. Desde la UICN vemos que se está usando recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente para acompañar o apoyar estos procesos, pero aún se camina muy lento”, dijo Gabriel Quijandría, Director Regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Examinar y evaluar con detenimiento los planes EPANB frente a los objetivos establecidos por el Marco Kunming-Montreal, puede evidenciar los distintos puntos de vista en relación a la financiación de la biodiversidad, el intercambio de recursos genéticos, los derechos y conocimientos de los Pueblos Indígenas y la inclusión de los afrodescendientes como sujetos distintos a los Pueblos Indígenas en las discusiones relacionadas con la conservación y la biodiversidad. Al cierre de mayo de 2024, sólo nueve países Francia, Japón, China, Hungría, Austria, Irlanda, Luxemburgo, España, Uganda y la UE han presentado su EPANB actualizada. China destaca por ser el único país que menciona detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Pese a su rol importante en la COP16, los países de América Latina y el Caribe no han presentado aún sus planes. El rol de Colombia en la COP16: más allá de las metas, hacia la acción y la "Paz con la Naturaleza" La COP16 busca establecer metas ambiciosas e impulsar la movilización de recursos y compromisos concretos para detener la pérdida de biodiversidad. Pese a los desafíos en materia de financiamiento y de la necesidad de fortalecer las estrategias nacionales, Colombia, en colaboración con China, líder de las conversaciones de la COP15, se erige como un actor clave para impulsar la ambición y la acción a nivel global. La visión de Colombia para la COP16 se basa en el reconocimiento y la valoración del conocimiento ancestral y tradicional de las comunidades locales, Pueblos Indígenas y afrodescendientes, considerándolos actores fundamentales en la gestión y conservación de la naturaleza. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha definido esta Cumbre como "la COP de la gente", subrayando la importancia de priorizar programas que empoderen a estos pueblos y comunidades y promuevan un mensaje de "Paz con la Naturaleza", basado en el respeto y la colaboración mutua. La agenda colombiana, busca impulsar cambios profundos para reconciliar a la sociedad con la naturaleza. Para ello, se apoyará en los resultados del panel de expertos sobre deuda, clima y naturaleza, con el objetivo de abrir nuevas perspectivas en la financiación de la biodiversidad. Colombia también liderará el seguimiento de los compromisos asumidos en la COP15, exigiendo a los países presentar sus planes de acción y evaluar su progreso en el cumplimiento de las metas establecidas. La COP16 en Cali será un momento crucial para pasar de las palabras a los hechos y construir un futuro en armonía con la naturaleza. El país anfitrión buscará contribuir a la financiación de las metas del marco global de biodiversidad aprobado en Canadá, utilizando los resultados del panel de expertos sobre deuda, clima y naturaleza. El objetivo es abrir perspectivas de financiación y cumplir la meta de financiamiento al 2025. Se busca un nuevo pacto financiero internacional para enfrentar la triple crisis planetaria de biodiversidad, clima y contaminación. En la COP16 en Cali, los países presentarán sus planes de acción y se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la COP15. La COP16 apuesta por la inclusión y el liderazgo de los Pueblos Indígenas Los pueblos indígenas, protectores ancestrales de la biodiversidad y custodios de vastas áreas de bosques y ecosistemas vitales para el clima, desempeñan un papel protagónico en la COP16. Distribuidos en 90 países, estos pueblos administran más de un tercio de las tierras protegidas de la Tierra y preservan aproximadamente el 80% de la biodiversidad. Las investigaciones muestran que las tierras administradas por indígenas tienen tasas de deforestación más bajas y mejores resultados de conservación que las zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas. El Marco Mundial de Biodiversidad, aunque reconoce la importancia de los pueblos indígenas con numerosas referencias a sus derechos y conocimientos tradicionales, no garantiza su protección efectiva frente a las amenazas que enfrentan. La minería ilegal, la deforestación y los impactos del cambio climático ponen en riesgo la supervivencia de estas comunidades y los ecosistemas que custodian. En la COP16,  los países donde habitan los Pueblos Indígenas deben demostrar cómo han incluido sus derechos e intereses tal como se establecen en las siete metas donde se mencionan, especialmente la Meta 3, que apunta a conservar el 30 % de la biodiversidad del planeta para 2030, específicamente en referencia a derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos. Un conjunto de investigaciones científicas en rápido crecimiento, confirma que los Pueblos Indígenas son los administradores más eficaces de sus bosques y de las enormes reservas de carbono y biodiversidad que contienen. Por ejemplo, concluyen que los bosques amazónicos gestionados por los pueblos indígenas son fuertes “sumideros de carbono”, que eliminan 340 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año, mientras que los bosques fuera de las tierras indígenas del Amazonas liberan más dióxido de carbono del que absorben. En respuesta a los resultados de conservación liderados por los Pueblos Indígenas, el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad ha ofrecido destinar el 20% de sus recursos a apoyar sus iniciativas. Frente a estas propuestas, los Pueblos Indígenas exigen transparencia: acceso directo y justo a estos fondos, sin intermediarios, para poder aprovechar al 100% los recursos destinados a sus iniciativas. Hindou Oumarou, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, destaca la conexión profunda de los pueblos indígenas con la Tierra y tiene como prioridades aumentar la transparencia en la financiación, la participación de los líderes indígenas en la toma de decisiones y el financiamiento directo a sus organizaciones. “El denominador común entre casi todos los pueblos indígenas es que tenemos una conexión profunda, espiritual y recíproca con la Tierra. Observamos la forma en que otras culturas arrasan la tierra, los bosques y los cursos de agua, y nos resulta literalmente insondable. Es dañar a la propia madre, nuestros hijos, nuestros antepasados, a uno mismo”, dice Hindou Oumarou, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Para Gabriel Quijandría (UICN) el reto de la COP16, "la COP de la gente", es escuchar a los actores que gestionan y conservan la biodiversidad, reconociendo su experiencia y conocimiento y señala que “Ellos tienen experiencia concreta de gestión de territorios, gestión de recursos naturales, de ecosistemas, de diversidad biológica. Tenemos que escucharlos, conocerlos y aprender”. La COP16 debe ser la oportunidad para reconocer y valorar el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en la protección de la biodiversidad, garantizando su participación plena y efectiva en la toma de decisiones y la implementación de acciones concretas para salvar el planeta. Cali, corazón afro de la biodiversidad, exige reconocimiento y participación en la COP16 La COP16, que se celebrará en Cali, ciudad con una importante población afrodescendiente, pondrá en relieve el papel crucial de estas comunidades como guardianas ancestrales de la biodiversidad en Colombia. Su conocimiento tradicional y prácticas sostenibles, transmitidas de generación en generación, son esenciales para la conservación de los ecosistemas y la protección de especies amenazadas. Sin embargo, la comunidad afrodescendiente del Pacífico exige un mayor reconocimiento y participación en la COP16. Absalón Suárez, líder afro de Buenaventura, reclama que se reconozca a los afrodescendientes como un sujeto con voz y voto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que se valore la relación intrínseca entre sus conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Las comunidades afrodescendientes son a menudo las más afectadas por la degradación ambiental y el cambio climático, debido a la discriminación histórica y la marginalización. En estos meses previos a la COP, las comunidades afrodescendientes han expresado la necesidad de que se reconozca y valore su papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Solicitan una mayor participación activa en la toma de decisiones ambientales, desde el nivel local hasta el internacional, y exigen que se aborden las desigualdades ambientales que las afectan de manera desproporcionada. David Cooper, secretario interino de la COP16, ha reconocido la importancia de trabajar estrechamente con las comunidades locales en la protección de la biodiversidad, y ha asegurado que los representantes afrodescendientes participarán activamente en las discusiones de la Cumbre. “En Cali y Bogotá hemos tenido reuniones en los últimos días con las comunidades indígenas y afrodescendientes, no sólo del Pacífico sino también de toda Colombia.  Para proteger la biodiversidad tenemos que trabajar estrechamente con las comunidades en sus territorios, buscar mecanismos para apoyarlos y defender sus territorios. Sabemos que en Colombia y el Mundo todos los análisis científicos demuestran que son las comunidades  los principales actores en la protección de la biodiversidad, porque son ellos los que habitan los territorios. Los representantes de esta comunidad participarán en las discusiones en la zona controlada por las Naciones Unidas”, ha afirmado David Copper, secretario interino de la COP16. La COP16 en Cali será una oportunidad para amplificar la voz de estas comunidades y reconocer su contribución invaluable a la conservación de la riqueza natural de Colombia y el mundo.

  • Una reunión clave para avanzar en la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento

    Representantes de ocho países de América“esperan que durante la reunión se lleguen a acuerdos sobre la necesidad de tener estrategias transnacionales para la protección de estos pueblos”. La Amazonia no solo es el hogar de una de las biodiversidades más complejas e importantes del mundo en términos de fauna y flora, también es, según los registros que existen, hogar de 185 grupos de indígenas en aislamiento (de los cuales se ha confirmado la existencia de 66) a lo largo de la Amazonía, Cerrado y del Gran Chaco, zonas que atraviesan a ocho países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Surinam, Perú, Venezuela y Paraguay). Los Pueblos Indígenas en Aislamiento, también conocidos como Pueblos Indígenas Voluntariamente Aislados o Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento, son grupos humanos que han elegido mantener un contacto mínimo o nulo con la sociedad exterior y el mundo moderno. Estos pueblos han decidido vivir de manera autosuficiente, en armonía con su entorno natural, y han optado por evitar interacciones significativas con poblaciones externas. Suelen habitar en regiones remotas y de difícil acceso, como selvas, montañas o zonas alejadas, lo que contribuye a su aislamiento. La preservación de estos pueblos es crucial debido a la vulnerabilidad que enfrentan frente a enfermedades, invasiones de tierras y otros impactos negativos cuando se produce un contacto no planificado con el mundo exterior. Precisamente, sobre cómo protegerlos se discutirá este 22 de febrero en Bogotá. Unas 19 organizaciones indígenas y de la sociedad civil, a través del Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI), el Gobierno nacional, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la ONU se reunirán para discutir sobre la necesidad de proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Representantes de los ocho países mencionados “esperan que durante la reunión se lleguen a acuerdos sobre la necesidad de tener estrategias transnacionales para la protección de estos pueblos, pues su pervivencia está en riesgo por amenazas como la minería, el narcotráfico, la frontera agrícola, entre otras problemáticas”, señala un comunicado dado a conocer con motivo de esa reunión. Durante el evento, se buscará “promover una red de asistencia técnica internacional para la formulación e implementación de políticas de prevención y protección de los derechos de los PIACI a nivel nacional y en zonas de frontera”. Se espera también que esto sirva para impulsar los compromisos internacionales que tiene Colombia “en temas de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de grandes extensiones de bosques amazónicos, cruciales para regular el cambio climático”. En el país, según el GTI-PIACI (una red colaborativa de trabajo, confluencia y articulación formada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil con compromiso en la protección, defensa y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial) existe el decreto 1232 de 2018 que constituye un sistema de prevención y protección de los derechos de estos pueblos en cabeza del Ministerio del Interior. “No obstante, ante su lenta implementación —cinco años con avances limitados— un juez adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras, en noviembre de 2023, ordenó a 21 entidades del estado acelerar su protección”, dice el grupo, que ofrece su apoyo al Gobierno “para hacer frente a los retos que implica proteger a aquellos que prefieren permanecer escondidos en lo profundo del bosque”. Fuente: El Espectador *Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

  • EMPODERAR, INVOLUCRAR Y TRANSFORMAR: EL ADN DE COLMENA LAB

    ARRANCAMOS EL AÑO CON BUENAS NOTICIAS, ¡NOS RENOVAMOS Y ESTAMOS LISTOS PARA COMPARTIR ESTA NUEVA ETAPA CON USTEDES! Durante los últimos meses hemos trabajado arduamente en una renovación de marca que busca alinear nuestra misión y objetivos, con nuestra narrativa, imagen y elementos de marca, con el fin de fortalecer una propuesta de valor basada en la co-creación, la innovación y la participación. Nos inspiramos en la asombrosa labor de las abejas, seres que trabajan en conjunto para dar vida al mundo, por eso los patrones de las colmenas se convierten en nuestras redes de conexión, evocando la colaboración y la acción colectiva como motores de la transformación. A partir de la idea y la forma de la Colmena, evocamos la pertenencia a un sistema viviente, complejo e integrado, donde todos los seres trabajan en favor del bienestar de la comunidad y desde su pequeño lugar cumplen la función de hacer que el mundo florezca, haciendo posible la vida de otros seres. Aunque parece una renovación sencilla, este concepto de imagen se traslada a cada uno de los elementos de nuestra marca y propuesta de valor: desde nuestra razón de ser hasta nuestro sitio web han sido cuidadosamente diseñados para enriquecer, complementar y potenciar el trabajo de nuestros aliados y clientes. Nos encontramos en un momento crucial en el que todos, todas, todes, tenemos la responsabilidad de ser agentes de transformación social y contribuir desde nuestro accionar a construir soluciones que contribuyan al bienestar de las personas y el planeta. En el contexto actual, una empresa sólo adquiere verdadero sentido y valor cuando su objetivo principal es mejorar la vida de las personas y la salud del planeta. Liderar, dirigir y gestionar desde una perspectiva social y ecológica implica concebir a la empresa con un valor superior que incluya principios y valores de transformación y justicia. A continuación te dejamos una alerta de todo lo nuevo que puedes encontrar en Colmena Lab. UNA NUEVA IMAGEN QUE RESUENA CON LA COLABORACIÓN Y LA ACCIÓN TRANSFORMADORA. Visita nuestro nuevo sitio web y conoce nuestra nueva imagen. UNA METODOLOGÍA Y MODELO DE IMPACTO  MEJORADO Y DEPURADO.  Mejoramos y depuramos el abordaje metodológico de nuestros proyectos, te invitamos a conocerlo. SET DE SERVICIOS DE RENOVADO. Explora la sección de servicios y conoce nuestra nueva oferta. NUESTRA HISTORIA Y NUESTRO EQUIPO. Conoce la historia de Colmena Lab y conoce a las personas que están detrás de todo nuestro trabajo. EXPLORA NUESTRO PORTAFOLIO. Descubre los proyectos innovadores en los que hemos participado y la impactante contribución de quienes forman parte de nuestra comunidad de clientes y aliados. COMPRUEBA NUESTRA EXPERIENCIA. Entérate de nuestras áreas de impacto y conoce las contribuciones de nuestro trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO SERVICIO DE NOTICIAS. Suscríbete a nuestra base de newsletters para recibir de forma gratuita las noticias más destacadas de la semana. ÚNETE A LATE LATINOAMÉRICA. Conoce nuestro proyecto Late Latinoamérica y únete a nuestro espacio de análisis, discusión y visibilización de las principales problemáticas y propuestas que nacen de la primera línea de batalla, de los territorios y de las personas extraordinarias que buscan día a día transformar el mundo. En Colmena Lab, confiamos en el poder de las acciones colectivas y transformadoras. Cada proyecto que realizamos, cada colaboración que brindamos, es una oportunidad para generar un impacto significativo. Ponemos nuestra energía, nuestra intención, habilidades y experiencia  al servicio de esto. Estamos aquí, listos para trabajar con ustedes en la materialización de ideas extraordinarias, para potenciar sus acciones e impactos. Este es solo el comienzo. ¡En este 2024, trabaja con nosotros!

  • Panamá: la insurrección de la vida

    ¡Estrenamos un nuevo episodio de nuestro podcast Late Latinoamérica! Este octubre miles de personas se volcaron a las calles de todo Panamá para exigirle al gobierno el cese de la minería. Bajo la consigna “abajo el contrato minero”, comunidades indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes, jubilados y muchos otros sectores se unieron para defender la vida. Después de 20 años de lucha anti minera, las voces de los territorios se hicieron eco en las ciudades, diciendo con contundencia y resolución: No a la minería. En este artículo de blog presentamos una análisis del problema de la minería en Panamá que contextualiza y complementa el nuevo episodio de Late Latinoamérica. Escucha el tercer episodio de Late Latinoamérica para conocer más acerca de la movilización social en Panamá: Despertar ambiental, estallido social y descolonización En toda la historia republicana panameña, solamente dos gobiernos han logrado unir a la población en su contra. Uno fue el que presidió Ricardo Martinelli, con la popularmente conocida como “Ley Chorizo”, y el otro es el de Laurentino Cortizo, quien se anota dos manifestaciones ciudadanas en menos de dos años. El Proyecto “Ley Chorizo” enunciaba en su encabezado la “regulación de la aviación comercial”, pero incluía artículos para la penalización oficial de las protestas, la restricción de la materia ambiental a las decisiones del Órgano Ejecutivo, la eliminación de los estudios de impacto ambiental para proyectos declarados “de interés social”, la impunidad policial para el excesivo uso de la fuerza y la incidencia en los convenios colectivos de trabajadores. Era el preludio para imponer una mega hidroeléctrica que afecta los territorios comarcales Ngäbe y la tentativa de negociar un proyecto minero. Hubo muertos, detenidos y muchos heridos que también se enfrentaron al gobierno de turno. ¿Cómo se logra poner a todo un país en contra? Hablamos de una combinación explosiva: poblaciones rurales abandonadas que pierden sus recursos naturales por la explotación extractivista, una clase media al borde del colapso económico, instituciones públicas cada vez más desprestigiadas por los escándalos de corrupción y la contínua desatención de las voces de las organizaciones sociales. Ambos gobiernos siguieron —como si se tratase de una receta— esta sucesión de acciones que desencadenaron, tanto en 2011, como en 2021 y 2023 el hastío de una población que ya parece no tener nada más que perder. Según la activista ambiental, Raisa Banfield, el conflicto puntual que hoy se discute en todos los ámbitos del país se origina veinte años atrás y suma una serie de hitos a lo que hoy es un imperdonable sendero de injusticias: Ni la propaganda gubernamental, ni toda la inversión en compra de conciencias que ha desplegado First Quantum Minerals, a la usanza de sus experiencias en el continente africano, en Sudamérica, en Australia o en la misma Canadá han aplacado la furia con la que la juventud panameña se ha lanzado a las calles. Tampoco lo ha hecho el miedo o la incomodidad de salir de casa a poner el cuerpo para hacer llegar al gobierno el mensaje de hartazgo por la reiterada burla que se asoma desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al grito del segundo artículo de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo”, el tradicional mes de la patria de cada noviembre desde inicios del siglo tiene ahora un matiz heróico, donde los próceres no son precisamente respetables caballeros de las familias criollas pudientes, sino maestros, campesinos e indígenas que han demostrado ser consistentes con la lucha por un país libre de extractivismo e injusticia. Un despertar del letargo Audrey Baxter, fotoperiodista y víctima de la represión policial, nos habla de este hartazgo de los jóvenes ante los escándalos de corrupción, señalando que no sólo son perjudiciales para la ciudadanía, sino que ahuyentan las inversiones. Para él, en una sociedad que constantemente se rendía o era ajena a las luchas ambientales, el detonante fue la rapidez con la que se aprobó una ley que se encontraba aún en el debate nacional. En medio del incidente que afecta hoy su vista —herramienta fundamental en su oficio— pudo sentir la creciente emoción de quienes esperaban que, a último minuto, el Presidente se manifestara. Eso, a su juicio, fue lo que provocó el sentido de unidad más grande que se ha dado en el país. Para explicar el problema ambiental, Banfield nos recuerda que Panamá es un territorio pequeño, de apenas 77,000 km2 con más de 500 ríos repartidos en 52 cuencas hidrográficas y un sistema de bosques tropicales, conformando un 33% de zonas protegidas que son de gran importancia para el ecosistema regional y para todo el planeta. En este sentido, las comunidades cercanas a los proyectos mineros ya han visto las afectaciones y 25 años han sido suficientes para ver que, por un lado, las tierras pierden suelos antes aptos para el cultivo, son víctimas de inundaciones por la erosión y la devastación de la flora; pero por otro lado, ningún proyecto minero ha terminado con la restauración de las áreas explotadas. Todo pueblo por el que ha pasado una explotación minera ha quedado condenado a los escombros, la mortandad de su fauna (algunas endémicas) y la alteración de su flora, sumando una serie de enfermedades entre las cuales la peor ha sido la incidencia de casos de cáncer asociado a la exposición a metales pesados. Las comunidades se encuentran indefensas ante la empresa minera. Solamente ahora el pueblo de Donoso siente el respaldo del país, ya que antes sus denuncias caían en manos del enemigo, a falta de una beligerancia real y efectiva del Ministerio de Ambiente. De hecho, gracias al trabajo de las comunidades y organizaciones hoy el país puede conocer imágenes de la empresa minera, de la gran cantidad de empleados asiáticos que son transportados en buses privados para que no entren en contacto con las comunidades y del estado de las tierras que alguna vez fueron santuarios naturales de aves y peces. Según Banfield, son contadas las veces en que el Ministerio de Ambiente emite informes sobre violaciones a las leyes panameñas. El mito de la caverna En un país en el que a través de los años toda la parafernalia de política electoral vendió el camino al progreso como objetivo, su población difícilmente podía oponerse a la frenética construcción de rascacielos, centros comerciales o puentes sobre el Canal de Panamá. Paradójicamente, la atención de salud o el estado de las escuelas públicas no ha logrado grandes avances desde inicios de la República. Por eso Baxter, como tantos otros jóvenes de su generación, se pregunta ¿Cómo puede pensarse en minar un país tan pequeño que se encuentra en el paso de un corredor biológico cuando nos comprometimos en convenios internacionales a la sostenibilidad? Esa contradicción se suma a un discurso que se cae cuando es evidente que las únicas formas de generar empleos que se promueven son las que justamente van en contra de la población, como lo es la industria minera. Es decir, en Panamá se socavan playas y ríos para saciar de arena a la industria de la construcción como si esto no tuviese consecuencias en el entorno y la seguridad de la población. Las concesiones de hidroeléctricas se ofrecen como la panacea de la generación energética en áreas en las que afectan la vida de miles de personas, como es el caso de Barro Blanco y otros proyectos que, poco a poco, van desplazando comunidades ante la destrucción de sus recursos y su cultura. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales guardan silencio cómplice sobre estos atentados y se vuelcan a la narrativa de que quienes se oponen al extractivismo, no desean el desarrollo del país. Tal parece que para gobernantes y medios el agua no es el gran problema actual en el mundo y que los recursos que aún tiene el istmo panameño, no son más valiosos que las dádivas que reciben por su labor servil. Y la actitud violenta que pasa por la desacreditación de actores que explican las consecuencias de no proteger los recursos, de activistas y de las organizaciones que luchan por la defensa de los recursos, llega —como en el caso de Audrey Baxter— al atentado contra la integridad física de quien contradiga la versión oficial. La policía le ha dado un mensaje claro a la población: los manifestantes son los enemigos y como enemigos se les ataca. El disparo que le hace perder un ojo a Baxter fue captado por el lente que utilizaba para trabajar documentando la protesta y específicamente el impedimento a la participación ciudadana en la discusión legislativa. Segundos antes sintió la mirada de quien dió la orden y la de quien la obedeció incluso cuando el camarógrafo trató de protegerse. No fue hasta el último disparo que cayó ensangrentado y sólo entonces cesaron los tiros. “Otra forma de guerra” Raúl Zibechi, escritor, investigador y periodista uruguayo opina que lo que ocurre hoy en Panamá tiene que ver con una herencia de los conflictos armados centroamericanos, que en el caso de este país tiene su punto más álgido en la invasión estadounidense de 1989. La nueva etapa que identifica en su análisis es la del extractivismo, que se convierte en “otra forma de guerra”, ya que su impacto deviene en una agresión incluso más desafiante y hasta podría decirse que más difícil de superar. Los modelos se parecen, sobre todo en cuanto a la reacción de represión visceral y la declaración de enemigo de todo aquel que se atreva a ponerse en el camino de los poderes políticos y económicos —aunque en realidad solo es el económico—. Zibechi nos recuerda el caso de Ortega en Nicaragua y nos invita a observar con cuidado el fenómeno, ya que un simple ejercicio como el de comparar las fotografías de las olas migratorias de los últimos meses con las de las manifestaciones masivas de Guatemala o de Panamá nos alerta que no son diferentes, y sobre todo porque ambas suceden por las mismas razones, porque son “gente que ya no puede seguir viviendo como antes”. Desde el 20 de octubre han muerto cuatro personas, tres de los cuales fueron atacados por un exmilitar del ejército norteamericano. Eran maestros con banderas en concentraciones gremiales y que fueron increpados por su asesino para que levantaran las barricadas que impedían el flujo vehicular acostumbrado. La discusión duró lo que demoró en desenfundar el arma y apuntar a sus víctimas. Grabado por múltiples celulares, pudimos observar una y otra vez su odio, como el gatillo accionado por toda la élite empresarial que pone la responsabilidad de la crisis en los manifestantes y no en el accionar inmoral del gobierno. La narrativa, como argumenta Baxter, trata el problema como un asunto entre anarquistas y vándalos contra terceros afectados, como si la idea fuera de crear una polémica en la que el aparato gubernamental no existe, o no es parte de esta forma de guerra. La clave de la resistencia No cabe duda que hay un factor imprescindible en la experiencia de lucha de Panamá y es la mirada de los pueblos indígenas. Son quienes ven la amenaza, la denuncian y cuya voz se mantiene firme en la defensa de los recursos. En este sentido, Zibechi nos invita a observar que nos han enseñado “otros caminos para transformar al mundo” basados en lo comunitario. Y es como si hubiese visto en primera fila esa determinación con la que han bajado de las montañas para plantarle cara a todos los gobiernos y a las empresas que trasiegan con los recursos naturales sin el menor control por parte de las autoridades. Lo mismo cuando menciona a las comunidades afro, que hoy están representadas por el pueblo de Donoso, enfrentado a los navíos de la minera para impedirles el paso apenas con sus lanchas de pesca y que fueron atacados por la Fuerza Aeronaval como si de un ejército invasor se tratara. Pero la otra parte es la toma paulatina de la lucha con voz y cuerpo de mujer, con una lógica totalmente distinta, que Zibechi explica como la colectividad desplazando a la institucionalidad y haciéndose cargo del cuidado de los suyos, enseñando a la protesta a accionar neutralizando las formas patriarcales para darle paso a “las nuevas y potentes formas de acción política”. Esta idea, para Raisa Banfield significa una reflexión que se centra en el tiempo que lleva esta lucha y el trabajo sostenido, muchas veces solitario. También reconoce que el punto actual tiene que ver con ese diálogo incesante que logró sembrar en la juventud el mensaje claro de la amenaza que representa la minería. Descolonización en la práctica Si antes todos los caminos conducían a Roma, hoy estamos cambiando esa imposición ideológica al buscar otros caminos que nos conduzcan a dejar atrás las estructuras heredadas, incluyendo la idea del Estado, que —como anota Zibechi— es de importación Europea. Lo mismo con las viejas élites, que en Panamá no han demostrado otra cosa que ser ya no solo las que se quedan con la mejor parte de las ciudades y las tierras de cultivo a precios irrisorios, sino que además se dedican ahora a vender por pedazos lo que no saben cómo explotar. El periodista se pregunta si no estamos ante una nueva lógica a la que precede el caos actual y si esta no será entonces la de la colectividad. Esta pregunta tiene también que ver con la conciencia ambiental que traen las nuevas generaciones, que tal como afirma la experta en transformación social y ecológica, Mariana Blanco, la estamos viendo en las juventudes cuando participan cada vez más y asumen la posibilidad de incidir sobre el futuro del mundo que les está quedando. Sus formas también son otras, tienen acceso a más información y no necesitan esperar a que se les explique lo que ya es evidente en cuanto a los errores de quienes los precedieron, aunque de alguna manera, al haberse satanizado tanto a las organizaciones sindicales como a las sociales con el cuco del comunismo, se les quiere llevar por la senda del cansancio y la desesperanza. Negarle a la juventud de hoy el derecho a la utopía de la que habla Mariana Blanco, utilizando maniobras propagandísticas o imponiendo injusticias al modo de las dictaduras de antaño, no solo afecta su capacidad de reconocer el valor de la lucha, sino que tiñe de apatía y desgano a quienes deberían estar tomando las riendas de nuestra sociedad. Puede que las clases económicamente dominantes no estén preparadas para el vértigo de la justicia, pero eso no les da derecho a condenar a muerte a los sectores más vulnerables, no sólo con el extractivismo salvaje, sino con crueldades urbanas como la gentrificación y el pobre acceso a la salud. Pretender diluir la unión de estos días apostando a la división es burdo. Panamá se dio cuenta de que sus problemas no son aislados y de que cuando se unen maestros, jubilados, estudiantes y naciones originarias, se hace una voz que llega a los oídos de cada vez más gente y pone en jaque a quienes están acostumbrados a abusar del pueblo. Escucha el tercer episodio de Late Latinoamérica para conocer más acerca de la movilización social en Panamá:

  • Ñagare minería: Panamá resiste desde las calles

    Artículo exclusivo Por Lucy Chau, poeta, escritora, investigadora, docente, activista panameña y parte del equipo creativo de Colmena Lab. En su faceta de activista, Lucy ha contribuido a crear espacios artísticos para crear nuevas formas de protesta por la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión. El viernes 3 de noviembre Panamá pasó a la historia de Latinoamérica por haber logrado aprobar la Ley 407 que prohíbe de forma indefinida la concesión de nuevos proyectos mineros y promulga una moratoria sobre trece de las quince concesiones actuales, es decir se detienen los procesos en marcha y la entrega de nuevas concesiones. Ahora el país entero se encuentra a la espera del fallo de la Corte Constitucional para declararse un país libre de minería. La indignación de miles de personas en la República de Panamá ha ido creciendo aceleradamente, desde que, el viernes 20 de octubre del 2023, el Presidente, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley 406 a través de la cual se aprueba el Contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá S.A. Esa misma noche empezaron a sonar por todo el país las pailas y los cucharones que no han cesado de interrumpir las actividades domésticas cotidianas para protestar, aunque sea desde casa, por la que se considera una medida inconsulta, arbitraria y contraria a los intereses de la población y el ecosistema del istmo. La preocupación por la agresiva política extractivista no empezó este año, ni con este gobierno, sino que ha sido un largo proceso de señalamientos, análisis, denuncias e investigaciones que se dificultan por la intensa protección de intereses económicos desde todos los órganos del Estado, la empresa privada y los gobiernos locales. Es difícil poner en orden los hechos en un país en el que se oculta información, se protege a los socios de las empresas con la figura legal de las sociedades anónimas y se disfrazan de parentescos aparentemente inocentes los vínculos económicos que afectan las decisiones políticas más importantes de la nación. La historia de First Quantum Minerals en Panamá hay que hilarla con retazos de información, los cuales van apareciendo a medida que se desbloquean las intrigas que por años fueron creciendo y que probablemente solo conozcan en su totalidad unos cuantos. Una de las estrategias de la empresa para allanar el camino hacia sus ganancias más jugosas y limpiar su imagen ante la opinión pública en el país, ha sido patrocinar incontables actividades culturales, educativas y deportivas y la importante inversión en medios de comunicación y publicidad en redes sociales. De esta forma, la empresa ha posicionado el nombre como aliada de muchas iniciativas sociales que desconocen la moneda de cambio por la que venden su imagen para lavar la cara de un negocio que contribuyó a la ruina financiera del Congo africano y cuyos efectos devastadores provocan grandes olas migratorias, como las que hoy agobian precisamente a Panamá. 2021: El inicio de la resistencia de las comunidades y las mentiras del gobierno Desde el año 2021, mientras el gobierno decía tener una actitud de rechazo a la relación del país con la empresa, varias organizaciones ambientalistas y comunitarias del interior del país mostraron su preocupación por el creciente aumento de solicitudes para concesiones mineras y presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de moratoria a esta actividad en todo el territorio panameño. También se iniciaron acciones de protesta en la provincia de Coclé, solicitando a su Gobernador la intervención para que se respetaran los derechos laborales —un reclamo que estalló en las huelgas obreras del 2018— y la debida protección del medio ambiente, pero una y otra vez, las inquietudes no pasaron de ser advertencias que pronto se convertirían en lo que hoy parece tomar por sorpresa a las autoridades. 2022: La crisis económica como excusa para retomar la minería A mediados del 2022, un estallido social que inició en la Provincia de Colón, puso en vilo al país, con cierres de las principales vías terrestres y una huelga docente que tuvo el apoyo de la población por el desmedido aumento de los servicios, el combustible y los alimentos. Luego de semanas de protestas, a las que se sumaron los gremios de docentes, transportistas públicos y organizaciones sindicales, se instaló una “Mesa de Diálogo” con la que se lograron acuerdos para el sector de la educación, el subsidio de combustibles para toda la población, la congelación de precios de la canasta básica, entre otros beneficios para la población. La defensiva posición del gobierno se escudaba en las dificultades presupuestarias, alegando que para cumplir con las peticiones de los manifestantes representados en la “Mesa de Diálogo” ni siquiera bastaba con la contención del gasto, o la reducción de la abultada planilla estatal. La falta de respuesta ante las demandas sobre la estabilidad de la Caja del Seguro Social y futuro del Plan de Vejez, Invalidez y Muerte, se convirtieron en la excusa para plantear la supuesta necesidad de retomar un viejo contrato de concesión minera, ya demandado por su inconstitucionalidad y porque incumplía varias leyes nacionales, comenzando por las obligaciones laborales. Ya bien entrado este año, las organizaciones ambientales advirtieron la necesidad de vigilar el nuevo contrato que se estaba negociando con la empresa First Quantum Minerals, la cual operaba ilegalmente desde que la concesión fuera declarada inconstitucional en el año 2017. Como una broma de mal gusto, esta declaración de inconstitucionalidad llega veinte años más tarde, al mismo tiempo que se vencía el término de la concesión otorgada en 1997, a la que entonces se le conocía como Petaquilla Minerals. Curiosamente, First Quantum Minerals compró las acciones de Minera Panamá en la concesión Petaquilla Minerals en 2014, como si la condición legal no fuese ningún problema. Y no lo era, porque mientras se le ocultaba a la población el fallo, antes de terminar su mandato, el presidente Juan Carlos Varela extendería la concesión con una prórroga de 20 años adicionales, esta la situación legal solamente se conocería en el año 2021, cuando el actual presidente debía tomar una decisión al respecto. Se esperaba que —dado el fallo de la Corte— cesaran las operaciones, pero muy por el contrario, se habló de un nuevo contrato con mejores condiciones para Panamá. 2023: La masiva resistencia antiminera En agosto de 2023, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), de la cual forman parte siete territorios y 12 congresos, manifestó su rechazo al nuevo contrato del que poco o nada se sabía en la población. Mientras tanto, estudiantes de la Universidad de Panamá organizaban protestas en los alrededores del Campus Central. En la Asamblea Nacional, el proyecto seguía debatiéndose entre los diputados, a la vez que los estamentos de seguridad aumentaban su pie de fuerza para dispersar a los manifestantes. Empezaron las vigilias, las asambleas comunitarias, los foros académicos, la exposición de un nuevo discurso en las redes sociales y las marchas de varios sectores de la población. Las organizaciones exigían el derecho a participar en los debates del órgano legislativo y cada día se encontraban con la sorpresa de cuotas de participación ciudadana ocupadas por simpatizantes del proyecto con guiones armados a la medida de la empresa minera y quienes se preparaban para ofrecerles en bandeja de lujo una cantidad obscena de derechos sobre el suelo, el subsuelo, áreas aledañas, espacio aéreo, excepciones al código de trabajo y protección casi absoluta ante cualquier peligro de ser auditados por el Estado. Después de una vigilia permanente, múltiples cierres de calles y el rechazo aplastante en todas las redes sociales en las que se expuso a la población el peligro del proyecto de ley, el documento fue devuelto por la Asamblea Nacional a sus proponentes para que fuera revisado. Sin embargo, para sorpresa de la población, que ya encontraba en este atentado a la salud pública una amenaza real, el documento con modificaciones entró al Primer Debate el día 18, y al otro día, mientras aún se esperaba el espacio para la participación de las organizaciones en el Pleno de la Asamblea, se dieron el segundo debate el 19 y luego el tercer debate el 20 de octubre, alcanzando la sanción presidencial y su publicación en Gaceta Oficial en el tiempo récord de unas cuantas horas. Dirigentes de la Comarca Ngäbe-Buglé —quienes hace más de diez años atrás habían advertido sobre su posición irrevocable en contra de la actividad minera bajo el grito de “Ñagare Minería” y se habían levantado en contra del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco— anunciaron días antes que bajarían de las montañas a defender al país, incluso de las malas decisiones sus gobernantes. Los gremios se declararon en alerta y las organizaciones ambientalistas denunciaron la falta de mecanismos para la participación ciudadana sobre el nuevo documento a debatirse en la Asamblea Nacional. Pero nada de esto hizo mover un pelo a los siete diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea que el 18 de octubre votaron a favor del proyecto de ley con la aparente convicción de que —como una tarea mal hecha— bastaba con cambiar un par de párrafos, suavizar algunos números y la población tomaría por bueno el polémico documento. Esa misma noche, los manifestantes que hacían vigilia afuera del recinto parlamentario, empezaron los piqueteos allí y en las calles aledañas que luego se extendieron a las afueras de la Universidad de Panamá. Mientras en las redes sociales ya se anunciaba la posición de varios diputados que insistían en la inminente aprobación y de otros que denunciaban reuniones de la bancada oficialista en Presidencia. Los medios de comunicación tradicionales pasaban frenéticamente materiales de propaganda sobre las bondades del futuro contrato-ley, sobre las necesidades urgentes de la población que la empresa prometía resolver y sobre la amenaza de ser demandados por la empresa minera de no aprobarse el contrato. Un pálido ministro de Comercio repetía por radio, televisión y redes sociales sus preocupaciones por las demandas que teme se desarrollen, incluyendo las de los tratados de libre comercio entre Panamá y Canadá, sumado al de Panamá y Corea. Entre frases ambiguas y conjugaciones del condicional, el ministro hablaba de varias demandas de arbitraje por más de cien mil millones de dólares. Curiosamente, el Ministro de apellido Boyd, pertenece a una de las familias vinculadas a la empresa minera, al igual que el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien otorgó la primera concesión minera en 1997 y cuya esposa es Dora Boyd de Pérez Balladares. Las mayores inversiones de Minera Panamá fueron hechas después de una demanda de inconstitucionalidad. Contradictorio como suena, la verdad es que operaron por cinco años de forma ilegal (2017-2021) y sus ganancias aumentaron sin tener compromisos con el Estado Panameño, dado que el contrato no tenía sustento legal. Al día siguiente, tal como lo prevé la legislación vigente, el proyecto pasó a segundo debate sin la participación de la sociedad civil. Estaban a puertas cerradas y solamente se tenía la esperanza de que en el debate, algunos diputados independientes lograran solicitar la participación ciudadana, de expertos o de posibles afectados. La sentencia de muerte de la Asamblea y la sociedad comprometida con la vida Afuera, las protestas crecían, exigiendo que se permitiera la entrada de las organizaciones. Pero una sentencia de muerte se asomaba al Pleno de la Asamblea: el alegato de que no era necesario discutir nuevamente el proyecto, ya que solamente se estaban aprobando los cambios hechos a solicitud de la sociedad a través de los diputados que se oponían. El segundo debate había finalizado con cuarenta y siete votos que daban el sí al contrato-ley, aplastando a seis en contra y a dos abstenciones tibias, sin voces expertas que dieran luces sobre temas tan importantes como la legitimidad de los estudios de impacto ambiental, los derechos que el contrato cede sobre sobre los recursos naturales y sobre todo el artículo que hace retroactivo por cinco años el contrato-ley, haciendo que los cinco años de operaciones ilegales estén amparados totalmente y libres de cualquier posible demanda. Todo dependía ahora del Tercer Debate. Una multitud enardecida se manifestaba afuera de la Asamblea Nacional, a sabiendas de que ya había terminado la votación, y con una aplastante derrota para quienes adversaban el proyecto. Con todas las salidas sitiadas por los manifestantes, las fuerzas policiales usaron todo su equipamiento para despejar el camino de quienes saldrían del hemiciclo parlamentario después de una tensa jornada. Bombas lacrimógenas hacia todos los costados pasaban por encima de las cercas metálicas que —paradójicamente— fueron adquiridas por el Estado para la visita del Papa Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud. De una de esas cercas salió el disparo por el que perdería la vista de su ojo derecho el fotoperiodista Aubrey Baxter, quien cubría los hechos únicamente armado con su cámara fotográfica y un celular. Las imágenes del joven con su rostro lleno de sangre empezaron a recorrer las redes, generando un comunicado de la Policía Nacional negando que los daños a la salud del reportero tenían que ver con alguna de las unidades que custodiaban el edificio principal del órgano legislativo. Lo que no había aparecido hasta ese momento era el video que el mismo Baxter grabó desde la calle, cuando una de las unidades policiales sacó el arma y la apuntó contra él, uno de los pocos que permanecía tranquilo en el área amparado por su estatus de periodista. No era la primera vez que estaban frente a frente, ni la primera protesta en la que caminaba de un lado al otro haciendo transmisiones en vivo para el medio en el que trabaja. Declaraciones de abogados y representantes del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, el colectivo Ya es Ya y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), frente a la denuncia penal en el Ministerio Público, contra los comisionados de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, por el caso de agresión contra el fotógrafo, Aubrey Baxter. (Fuente: La Prensa Panamá). Para garantizar el flujo vehicular de los diputados, todas las calles aledañas fueron sitiadas por policías antimotines, sin importar los derechos ciudadanos a la libre circulación o a la expresión de consignas. Entre los recipientes que los manifestantes recogían, encontraban latas de granadas lacrimógenas con fecha de expiración de 2017, que advertían en letras grandes el peligro de utilizarse después de la fecha marcada. A pesar de que las unidades policiales trataron de retirarlas rápidamente de la zona, los videos ya circulaban por todo el país ante el enojo de personas, que expresaban preocupación por los manifestantes, los vecinos de áreas aledañas a las zonas de protesta e incluso por la salud de las mismas unidades policiales. La Universidad de Panamá, que había estado plagada de bombas lacrimógenas durante semanas, decidió suspender clases para evitar más enfrentamientos en los alrededores de su Campus Central y —por ende— subsecuentes despliegues de material tóxico. Las convocatorias a vigilias, protestas, cierres y demás manifestaciones iniciaron desde las siete de la mañana del 20 de octubre, pero antes del mediodía: 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, después de una discusión de 50 minutos confirmaron lo que tanto se temía. Las calles se llenaron de rabia, de desilusión y de impotencia, al saber que el Presidente de la República en pocas horas estaría dando su firma para lo que sería —en palabras de los dirigentes sindicales— vender al país. Entonces, comenzó la nueva organización, una mucho más agresiva para mostrar el poder de convocatoria de la fuerza popular ante la decisión del Presidente. Empezaron a circular las listas de organizaciones y vías que se iban a cerrar a partir del lunes 23 de Octubre, incluyendo la Vía Panamericana, en varios puntos, desde la Provincia de Chiriquí hasta el Puente de las Américas. Las horas de más tensión El domingo 22, en un hecho inédito para una institución pública, se suspendieron las clases de las escuelas públicas y privadas para el lunes y el martes siguientes. Lo mismo hicieron las universidades y otras instituciones de educación. Evidentemente, la tensión iba creciendo, y —aunque la información parecía informal— era evidente que iba en serio y que tenía similitudes con el inicio del estallido social del 2021. Si el país se había paralizado por un mes en aquel entonces, era muy posible que en esta ocasión los mismos actores lograran desestabilizar el orden por un tiempo indefinido. El gobierno apostó directamente a los sectores más vulnerables. En los teléfonos celulares de los jubilados empezaron a aparecer mensajes de futuros aumentos a cuenta de la aprobación del contrato minero, las entrevistas a funcionarios en varios medios solamente hablaban de las bondades del contrato-ley, y una curiosa filtración de mensajes en un grupo de Whatsapp develó la logística de una extorsión a un grupo de personas para que comentaran a favor de la minería, recordándoles a sus miembros que debían mandar las capturas de pantalla para un control de participación. Las voces de la extorsión eran de allegadas a un diputado del partido oficialista, quien se mostraba orgulloso de la acción en un video que él mismo publicó en sus redes con una de las personas que exigía las muestras de simpatía. Fue un domingo largo, lleno de consignas, comunicados, mensajes de aliento desde otros países y organizaciones; información que iba y venía por las redes con opiniones, consideraciones y llamados a la participación ciudadana. A las 4:00 a.m. del lunes 23, ya los policías antimotines se encontraban vigilando muchos de los puntos de cierre anunciados. Tenían órdenes de arrestar a quienes se proponían cerrar calles o siquiera manifestarse a un costado de forma pacífica. Sin embargo, eran demasiados los puntos e incierto el camino que iban a tomar los encuentros entre organizaciones. Esa mañana, en el Puente de las Américas, luego del enfrentamiento entre policías y obreros, estos últimos encontraron casquillos de municiones de guerra, denunciaron heridos e instaron a la población a sumarse a la lucha. Las calles estaban tomadas, los comercios empezaban a proteger sus locales y las redes sociales estaban encendidas. La represión continuaba en varios puntos y un nuevo elemento se apoderó de los escenarios de lucha. Identificados como “infiltrados”, grupos de encapuchados protagonizaron saqueos y daños a la propiedad privada. La policía los dejaba actuar, por su tardanza en reaccionar o llegar; sin embargo, a los manifestantes de las organizaciones, las unidades policiales les respiraban en la nuca. Denuncian presencia de grupos infiltrados en manifestaciones pacíficas para desvirtuar las luchas provocando alteración de orden público, con violencia y daños a la propiedad pública y privada. (Fuente: Telemetro) Los medios, por su parte, denunciaban enérgicamente la violencia en las protestas, mostrando las imágenes de los encapuchados y alertando a la población sobre el peligro de estar en las calles. Todos los titulares hablaban de las afectaciones económicas, de robos y de la atención médica que había sido imposible brindar a causa de las protestas. Procuraban entrevistar a los ciudadanos que se quejaban de no poder circular y de incidentes aislados en los que manifestantes habían impedido el paso de ambulancias. Sin embargo, la campaña duró poco. En las redes sociales se emitían comunicados de las organizaciones sociales sobre la naturaleza de las protestas, repudiando los hechos vandálicos. Los testimonios y los videos mostraban la llegada organizada de buses con encapuchados armados que irrumpían en las protestas para vandalizar locales, asaltar a los transeúntes e incluso cobrar un “peaje” por dejar pasar vehículos a través de sus barricadas. La población sabía que era otra estrategia para dividir y sembrar el miedo a seguir apoyando las protestas. El martes 24, el Presidente se dirigió a la nación ante la expectativa de toda la población sobre una solución al desatinado exabrupto gubernamental; sin embargo, sus palabras fueron todo lo contrario a lo esperado. Le recordó a la población que su gobierno “había recibido un problema” y que el nuevo contrato traería mejores condiciones, incluyendo el aumento a los jubilados que recibían menos de 350 dólares mensuales. Estas declaraciones provocaron la ira de más ciudadanos por el tono amenazante con el que advirtió que no permitiría cierres de vías o daños a terceros. A partir de ahí, se multiplicó la participación en las calles como si de pólvora se hubiera tratado el discurso presidencial. Se unieron los paros de médicos, enfermeras, transportistas de carga pesada, boteros del sector turismo, agricultores y muchos otros gremios que circulaban comunicados en rechazo a la ley, a la actividad minera y al actuar del gobierno. Si en la ciudad las marchas abarrotaban las calles con miles de manifestantes como nunca antes en la historia, las provincias no se quedaban atrás con todo tipo de acciones de protesta. Ni siquiera los dos últimos mensajes a la nación calmaron las cosas, mucho menos él último video con un tono más conciliatorio y que anunciaba un nuevo proyecto de ley para derogar el nefasto 406. En ese momento, ya más de cuatro demandas por inconstitucionalidad estaban en curso al margen de lo que expresara el ahora visiblemente agotado presidente. A catorce días de aquel evento, que hoy cada vez más diputados llaman “un error”, el gobierno ha cancelado los desfiles patrios, las clases, los eventos protocolares y cualquier aparición pública del presidente, el vicepresidente, y los ministros de Estado. Dos proyectos de ley han entrado a la Asamblea Nacional; uno para la moratoria de proyectos mineros a cielo abierto y otro para la derogación del Contrato-Ley con Minera Panamá. Las calles siguen cerradas y el tradicional éxodo al interior del país y a las playas que se daba desde el 2 de noviembre se ha visto en la necesidad de esperar por mejores tiempos. Una lluvia pertinaz acompaña cada tanto las vigilias y el silencio luctuoso de un país que no tiene nada que celebrar hasta que esté libre de la devastadora minería, que como un comején ha ido destruyendo el territorio nacional por dentro. Información adicional sobre la historia de la minería en Panamá La historia de ‘Cobre Panamá (Petaquilla) mina de cobre’ Fuente: La historia de la minería y la exploración minera en Panamá: De la minería de oro precolombina a la minería moderna de cobre, Stewart D. Redwood. Redwood, S.D., 2020, The history of mining and mineral exploration in Panama: From PreColumbian gold mining to modern copper mining: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 72 (3), A180720. http://dx.doi. org/10.18268/BSGM2020v72n3a180720

  • La deforestación global se desvía y amenaza a las personas, al clima y a la biodiversidad

    Un estudio integral muestra que la deforestación empeoró en 2022, a pesar de las promesas de alto nivel para salvar y restaurar los bosques. El mundo se quedó corto en un 21% respecto a las metas anuales que debe alcanzar para poner fin a la deforestación en 2030. WASHINGTON, DC/LONDRES (24 de octubre de 2023). Un nuevo estudio realizado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación, evaluó el progreso de las promesas hechas por los países, las compañías y los inversionistas para eliminar la deforestación y restaurar 350 millones de hectáreas degradadas para 2030. El estudio revela que en 2022, el progreso global por la protección y la restauración de los bosques avanzó muy lentamente y, en algunos casos, empeoró. "Los bosques del mundo están en crisis. Se han hecho promesas para detener la deforestación y financiar la protección de los bosques, pero la oportunidad de avanzar se nos escapa año tras año”, afirmó Erin Matson, autora principal de Forest Declaration Assessment y consultora senior de Climate Focus. “Vimos que en 2021, los esfuerzos para acabar con la deforestación se estaban retrasando. El 2022 era una oportunidad para ponernos al día, pero las autoridades se quedaron cortas, otra vez. No podemos permitirnos seguir dando tumbos en el camino hacia la meta de no deforestación, en 2030. Ahora está claro que detener la deforestación demandará cambios radicales en la economía, esto implica que la sociedad en su conjunto tiene un rol que desempeñar”, afirmó Matson. En términos generales, la deforestación global aumentó un 4% en 2022, en comparación con 2021. Esta pérdida de alrededor de 6,6 millones de hectáreas de bosques significa que el mundo se desvió un 21% del camino hacia la eliminación de la deforestación propuesta para el 2030. Las acciones para proteger los bosques tropicales primarios, los más densos y prístinos del planeta, están un 33% desviadas, con 4,1 millones de hectáreas perdidas en 2022. En términos globales necesitamos reducir la deforestación en 27,8% para volver a estar alineados con las metas para 2023. La evaluación anual de compromisos internacionales, como la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra (2021), da seguimiento al progreso respecto a la reducción de la pérdida de bosques, comparando la tasa de deforestación promedio entre 2018 y 2020 (el "nivel de referencia"), con la mira puesta en alcanzar cero pérdidas para 2030. Así, la deforestación se desaceleró en 2021, pero no lo suficiente como para que el mundo esté bien encaminado para alcanzar el objetivo 2030. En 2022, las tasas globales de deforestación aumentaron y el mundo desvió aún más su camino hacia dicha meta. “Pero no se pierde la esperanza", añadió Franziska Haupt, una coautora del informe y socia de Climate Focus. "Descubrimos que unos 50 países están en vías de acabar con la deforestación en sus fronteras. Los principales países con selvas tropicales, como Brasil, Indonesia y Malasia, han reducido drásticamente la pérdida de bosques. Las reformas necesarias no son pan comido, y estos países constituyen ejemplos claros que otros deben seguir, pero el reto es grande, a nivel mundial tendremos que reducir la deforestación en 27,8% para estar en buen camino para 2023". (Los datos aún no reflejan las reducciones de deforestación de Brasil en 2023). En 2022, los trópicos, se desviaron en el progreso para eliminar la pérdida de bosques. En estas zonas, la pérdida de bosques aumentó un 8% con respecto a los niveles de referencia en América Latina para las áreas tropicales, donde Brasil y Bolivia tuvieron los peores desempeños. (Los datos aún no reflejan las reducciones de deforestación de Brasil en 2023). En contraste, la deforestación bajó 18%, desde los niveles de referencia (2018 -2020) en los países tropicales asiáticos, entre los cuales, Malasia e Indonesia cumplieron sus objetivos intermedios para 2022. En los trópicos, las actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la industria de soya, la producción de aceite de palma y las pequeñas granjas, son el principal motor de la pérdida de bosques. La expansión de las carreteras, los incendios y la tala comercial también destruyen y degradan estos bosques. Los bosques primarios en los trópicos la pasaron especialmente mal en 2022, su pérdida aumentó 6% en comparación con los niveles de referencia. Ninguna de las tres regiones de bosques tropicales, África tropical, Asia tropical, y, América Latina y el Caribe tropical— están encaminadas a eliminar la pérdida de estos preciosos bosques. El informe ofrece una evaluación exhaustiva de los avances en la protección de los bosques templados y boreales, realizada hasta la fecha. Esta evaluación se centra en la degradación, que supone una amenaza continua para todos los bosques. El informe utiliza una métrica desarrollada recientemente para rastrear la degradación forestal a escala mundial. El informe concluye que cada año se produce una degradación significativa y generalizada en cada una de las regiones del mundo. Esta conclusión es especialmente importante porque ilustra las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad forestal, el carbono almacenado y la resistencia de los ecosistemas, incluso en las regiones de bosques templados y boreales, donde la deforestación es escasa. Según Forest Declaration Assessment, algunos países desarrollados necesitan proteger mejor sus bosques de la degradación, debido a las prácticas de tala y al cambio climático. En Norteamérica y el norte de Europa, por ejemplo, las empresas madereras continúan talando y devastando grandes extensiones de bosque, que en ocasiones incluye devastar ecosistemas forestales primarios, antiguos e irremplazables. Afortunadamente, los responsables políticos ponen cada vez más atención a esto y están abordando estos problemas en algunos de los países afectados. Canadá, por ejemplo, está trabajando en la elaboración de una definición de degradación forestal para mejorar su seguimiento y presentación de informes. "Si bien debemos aplaudir cualquier éxito, los avances en algunos países o regiones se vieron socavados por los fracasos en la reducción de la pérdida de bosques de otros países", añadió Haupt. "Todos los países deben asumir su responsabilidad, Deben limitar la huella de deforestación y degradación en sus propios países, además de apoyar y colaborar con las iniciativas en el extranjero, sobre todo a las de los países en desarrollo", agregó Haupt. Otros hallazgos fundamentales del estudio son: Aumento de las emisiones brutas provenientes de la deforestación. Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación aumentaron un 6% en comparación con 2021, sumando un total de 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. La biodiversidad en los bosques está bajo amenaza. Los datos actualizados muestran que especies que dependen de los hábitats boscosos para su supervivencia o reproducción, disminuyeron drásticamente. Según el índice de especies especialistas de bosques, las poblaciones monitoreadas decrecieron en promedio un 79% entre 1970 y 2018. Pero hay buenas noticias: el mundo progresó en la eliminación de la pérdida de cobertura arbórea en áreas de gran valor para la conservación. En 2022, 1,2 millones de hectáreas de bosques se perdieron dentro de áreas boscosas de diversidad fundamental en todo el mundo. Esto representa un 30% de descenso desde el período de referencia de 2018-2020. El progreso en la degradación forestal —la disminución progresiva en la estructura del bosque, las especies que lo componen y las funciones ecológicas— fue mixto, y los datos disponibles llegan solo hasta 2021. Hubo un aumento de la degradación en las regiones tropicales y no tropicales de América Latina y África, en Asia tropical y no tropical, Europa y América del Norte la tasa de degradación se desaceleró. Sin embargo, en todas las regiones, la integridad de los bosques siguió empeorando. Si bien existe evidencia de que la restauración está subiendo a nivel global, el seguimiento del progreso se ve obstaculizado por la flagrante falta de transparencia en las acciones públicas y privadas para restaurar los bosques en todo el mundo. Es esencial que tanto el sector público como el privado estén a la altura e informen sus datos de restauración, con el foco puesto en la calidad, la validación y la transparencia. El informe revela una vez más una enorme brecha entre el financiamiento actual y el que se necesita para los bosques. Los 2200 millones de dólares en fondos públicos anuales destinados a proyectos para proteger bosques, son solo una fracción de la inversión que se necesita. Mientras tanto, las inversiones en sectores que destruyen los bosques continúan, al parecer sin tregua. Por ejemplo, Forest 500 estima que hasta octubre de 2022 las instituciones financieras privadas tenían 6,1 billones de dólares en financiamiento activo en compañías que estaban más en riesgo de impulsar la deforestación tropical a través de la producción de commodities agrícolas. Al mismo tiempo, las inversiones en pueblos indígenas y comunidades locales son mínimas. "El liderazgo en la protección de los bosques sigue siendo la excepción, erradicar la deforestación sigue sin ser una prioridad para la mayoría de las empresas o sus financiadores", afirmó Thomas Maddox, Director Global de Bosques y Tierras de CDP. "En la mayoría de los casos, la presión para actuar por parte de las autoridades políticas sigue siendo demasiado débil para impulsar avances significativos en las finanzas públicas o el comercio privado. Si queremos ver un progreso real, debemos cambiar la forma en que los sectores público y privado valoran la naturaleza, incluidos los bosques.", agregó Maddox. "Con la adopción generalizada y la aprobación del marco de TNFD, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, recientemente publicado, y un mayor compromiso con la colaboración de múltiples partes interesadas, como los enfoques paisajísticos, existe esperanza real de que podamos empezar a avanzar en la dirección correcta", comentó Maddox. Al mismo tiempo, el informe señala que las inversiones para las iniciativas de los pueblos indígenas y las comunidades locales son mínimas. "El triste hecho sigue siendo que muchos compromisos para proteger los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales a menudo simplemente son palabras", dijo Darragh Conway, un autor del informe y consultor legal líder de Climate Focus. "Análisis previos han mostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales reciben una fracción del financiamiento necesario para asegurar sus derechos y administrar sus territorios. Mientras tanto, la evidencia en el territorio muestra un progreso lento: el reconocimiento legal de las tierras de pueblos indígenas y comunidades locales ha aumentado en regiones de bosques tropicales clave. Sin embargo, estas comunidades están constantemente sometidas a violencia y criminalización cuando protegen sus tierras, aunque sean las más directamente perjudicadas por la destrucción de los bosques", agregó Conway. Los países desarrollados han anunciado decenas de iniciativas para apoyar el fin de la deforestación tropical; sin embargo, los incentivos que reciben no son suficientes para superar los desafíos y alcanzar los objetivos. Por ejemplo, los pagos del programa llamado REDD+, que proporciona incentivos para la protección de los bosques, son demasiado bajos de entrada o en general. La mayoría de los países en desarrollo aún necesitan considerable apoyo para iniciar las reformas críticas que se necesitan. La evaluación muestra que algunos países, compañías e inversionistas han demostrado liderazgo en la lucha contra la deforestación. La Unión Europea, por ejemplo, aprobó en 2022, una legislación histórica que, de implementarse, obligará a las compañías a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro, al menos en cierta medida. Al mismo tiempo, la mayoría de las principales compañías de cadenas de suministro de commodities, - que ponen en riesgo los bosques- , evaluadas por Forest 500 no tienen políticas claras, integrales o ambiciosas para eliminar la deforestación de sus operaciones. La mayoría de las instituciones financieras no tienen pólizas de riesgo forestal que cubran sus préstamos e inversiones. "El mundo está perdiendo bosques con consecuencias devastadoras a escala global", afirmó Fran Price, principal de Bosques del WWF. "Es imposible revertir la pérdida de la naturaleza, hacer frente a la crisis climática y desarrollar economías sostenibles sin los bosques. Desde que se hizo el compromiso mundial de acabar con la deforestación para 2030, se ha perdido una superficie de bosque tropical del tamaño de Dinamarca. Nos encontramos en un momento crítico. Los gobiernos y las empresas tienen la enorme responsabilidad de encaminarnos por la senda correcta. No necesitamos nuevos objetivos forestales, necesitamos ambición sin concesiones, rapidez y responsabilidad para cumplir los objetivos que ya se han fijado. Es hora de dar un paso adelante", comentó Price. Para más información: https://forestdeclaration.org/resources/forest-declaration-assessment-2023/

  • HOY INICIA LA SEMANA DEL CLIMA DE LATINOAMÉRICA, ANTESALA DE LA COP28

    Este lunes 23 de octubre inicia la Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW 2023) en la cual se definirán las prioridades regionales frente a la COP28, que será un momento decisivo para el futuro de América Latina y el Caribe. Este evento tiene lugar en medio de uno de los puntos más álgidos de la crisis climática en el cual la región enfrenta numerosos impactos tales como inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar y temperaturas extremas que profundizan las desigualdades existentes. Se espera que las diversas partes interesadas, como los gobiernos, empresas y la sociedad civil, colaboren y aceleren la acción climática en la región. Alberto Ñiquen Guerra, periodista ambiental / Colmena Lab OPORTUNIDADES PARA LA REGIÓN La Semana del Clima de Latinoamérica es una oportunidad para que los países de la región compartan los avances realizados en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático e impulsen la capacidad de acción regional mientras se preparan para la COP28. América Latina y el Caribe se encuentra en una situación extrema que pone en evidencia la decisión de actuar ya o enfrentar retos aún más complejos en el futuro. La región alberga alrededor del 57% de los bosques primarios restantes del mundo, miles de ecosistemas costeros enriquecen sus costas. Protegerlos es clave para aprovechar el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza, ya que pueden proporcionar más de un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para 2030, para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Responder a la crisis climática y natural en América Latina y el Caribe requiere entre US $470 mil millones y 1,3 miles de millones por año de infraestructura y gasto social para 2030. Esto representa entre el 7% y el 19% del PIB regional anual, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La LACCW 2023 tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y está organizada por la CMNUCC, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Grupo del Banco Mundial. La LACCW se lleva a cabo en paralelo a la XXIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Las consecuencias del cambio climático se hacen cada vez más evidentes. Por su parte, el Banco Mundial alerta que, si no se toman medidas pertinentes para 2030, hasta 5,8 millones de personas podrían estar en la pobreza extrema como resultado del cambio climático y, para 2050, más de 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para escapar de los impactos climáticos. Mitigar los impactos del cambio climático y preservar la biodiversidad terrestre y marina es una prioridad para la región, es por ello que muchos de los actores involucrados en este evento expondrán soluciones que han venido implementando y promoviendo en el último tiempo. Entre ellas destacan las propuestas de los Pueblos Indígenas y las organizaciones de la sociedad civil que deberán figurar como parte de las metas climáticas de la región. La Semana del Clima de Latinoamérica se presenta como una plataforma para el intercambio de información sobre soluciones climáticas, obstáculos y oportunidades en diferentes regiones, involucrando a responsables políticos, profesionales, empresas y la sociedad civil. Se centra en cuatro áreas temáticas clave: Sistemas energéticos e industrias Ciudades y asentamientos urbanos Tierras y océanos Sociedades y economía. Existen cuatro semanas regionales del clima, nos encontramos en la tercera. La Semana del Clima de África (ACW 2023) se realizó en septiembre en Nairobi. La Semana del Clima de Oriente Medio y Norte de África (MENACW 2023) tuvo lugar en la segunda semana de octubre en Riad. La cuarta, Semana del Clima de Asia y el Pacífico (APCW 2023), será la siguiente semana. Sistemas e industria energética La discusión se centrará en la transición hacia una economía baja en carbono, incluidos el desarrollo de energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como posibilidades para que la región dependa menos de los combustibles fósiles. La región es una de las más vulnerables al cambio climático, lo que la hace susceptible a los impactos de las sequías, las inundaciones y las olas de calor. La región tiene también un gran potencial para sumarse a la transición energética, ya que cuenta con abundantes recursos y algunos países han demostrado su interés en adoptar nuevas tecnologías y desarrollar su industria siguiendo ese camino. El sector energético es responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina. La transición a un sistema energético más sostenible es fundamental para que la región alcance sus objetivos climáticos. Al mismo tiempo, algunas comunidades indígenas se oponen al desarrollo de proyectos mineros que gobiernos y empresas buscan promover para obtener los minerales estratégicos para la transición energética, sin tomar en cuenta el Consentimiento Libre Previo e Informado y los impactos sociales y ambientales de la minería. Ciudades, asentamientos urbanos y rurales, infraestructura y transporte Se abordará el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, considerando factores como el transporte público, la planificación urbana y la gestión de residuos. Las ciudades son particularmente vulnerables al cambio climático y las áreas urbanas son propensas a los impactos de las inundaciones, las sequías, las temperaturas extremas y el desabastecimiento. América Latina y el Caribe experimenta un rápido crecimiento urbano, lo que genera desafíos en materia de planificación, gestión y sostenibilidad. Las ciudades latinoamericanas son algunas de las más pobladas y congestionadas del mundo. Los problemas de contaminación, movilidad y acceso a servicios básicos se hacen cada vez más presentes. Los asentamientos rurales también enfrentan desafíos, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la vulnerabilidad a los desastres naturales. La infraestructura y el transporte son fundamentales para el desarrollo económico y social. América Latina no posee una buena infraestructura y servicios de transporte óptimos, lo que supone un gran reto que debe ser tomado en cuenta en toda la región para asegurar la conectividad y el acceso a servicios básicos. Tierra, océano, alimentos y agua Se discutirá sobre la protección de los recursos naturales, la biodiversidad, los bosques y los recursos hídricos. Los ecosistemas terrestres, como los bosques, los pastizales y los manglares, son esenciales para la biodiversidad y el clima. Sin embargo, están amenazados por el cambio climático, la degradación ambiental, la deforestación, la agricultura intensiva y el crecimiento demográfico. Los océanos también se encuentran en peligro. La contaminación, la sobrepesca y el cambio climático afectan la salud de los océanos y las pesquerías. Asimismo, la seguridad alimentaria es un desafío creciente en América Latina en tanto la región es un importador neto de alimentos y los precios de los alimentos están en aumento. El acceso al agua potable y al saneamiento es un problema significativo en América Latina. La región tiene una gran escasez de agua, y millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Sociedades, salud, medios de vida y economías Se dialogará sobre los impactos del cambio climático en las personas y las comunidades, en especial en la salud, la seguridad alimentaria y la economía. América Latina y el Caribe experimenta rápidos cambios sociales, económicos y demográficos, lo que genera nuevos desafíos y oportunidades. Pese a ello, la desigualdad es un problema persistente. La región tiene una de las mayores brechas de ingresos del mundo, y millones de personas viven en la pobreza. La inclusión social es un desafío importante. En cuanto a salud, esta región tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, y millones de personas no tienen acceso a servicios de salud de calidad. En este punto cabe precisar que los organizadores de la COP28 han programado en Dubai el 'Día de la Salud' para resaltar el impacto del cambio climático en la salud. Las muertes anuales de adultos mayores de 65 años atribuibles a la exposición al calor en América Latina y el Caribe crecieron en promedio alrededor de 240% entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021, de acuerdo con el informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2023, elaborado por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La región enfrenta desafíos climáticos, sociales, económicos y políticos superpuestos que pueden tener graves consecuencias para los sistemas de salud y la salud de la población. América Latina y el Caribe albergan muchos de los sumideros de carbono más importantes del mundo, como el Amazonas, los bosques de Guayana, Surinam y Panamá, que ayudan a proteger el planeta absorbiendo carbono. Existe un gran potencial para que estos países aprovechen fuentes de financiación nuevas e infrautilizadas, como los bonos climáticos forestales y oceánicos, los mercados de carbono y los canjes de deuda por el clima. VOLUNTAD POLÍTICA Desde el punto de vista político, las acciones climáticas de los gobiernos de la región hasta ahora han sido heterogéneas y fluctuantes. Hay algunos avances como el establecimiento de diversas políticas climáticas y algunos retrocesos como fuertes inversiones en la industria de los combustibles fósiles y falta de protección de los bosques. A nivel internacional, los países latinoamericanos han tenido dificultades para presentar un frente negociador unificado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ya que se encuentran dispersos en diferentes alianzas, como BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) y AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares). Además, las cuestiones climáticas no son un tema relevante en la mayoría de los esquemas de integración regional existentes, incluida la CAN (Comunidad Andina), el Mercosur (Mercado Común del Sur), el MCAA (Mercado Común Centroamericano), etc. Esto demuestra que el cambio climático no está bien establecido como una prioridad en la política latinoamericana, tanto a nivel nacional como regional. LA VOZ ORIGINARIA Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe se encuentran entre los grupos más vulnerables al cambio climático. Sus medios de vida y culturas están estrechamente vinculados con los ecosistemas naturales, que son afectados por el calentamiento global, pero también por actividades económicas extractivas que los degradan. Tal como lo han hecho en otros eventos globales, en la Semana del Clima representantes originarios de la región propondrán medidas para abordar el cambio climático y sus impactos. La COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques son dos organizaciones que estarán presentes. Entre sus propuestas figuran la creación de un fondo de compensación para los pueblos indígenas afectados por el cambio climático; su participación plena y efectiva en la toma de decisiones sobre políticas climáticas; la adopción de medidas para proteger los bosques y los ecosistemas naturales. Las acciones de los pueblos indígenas son fundamentales para abordar el cambio climático y sus impactos; tienen un conocimiento profundo de los ecosistemas naturales y sus conocimientos y prácticas tradicionales pueden ser clave para el desarrollo de soluciones sostenibles al cambio climático. La COICA confía en contribuir en soluciones sostenibles y siempre haciendo hincapié en la importancia de preservar nuestro hogar común, la Tierra. Y uno de sus puntos esenciales es el pacto global que logre la permanente protección del 80 por ciento de la Amazonía para el 2025. PUNTO DE INFLEXIÓN La Semana del Clima también abordará el Balance Global, que es parte del Acuerdo de París y un medio clave para evaluar la respuesta global del mundo a la crisis climática y trazar un mejor camino a seguir. Significa analizar todo lo relacionado con la posición del mundo en cuanto a la acción y el apoyo climáticos, identificar las brechas y trabajar juntos para trazar un mejor rumbo a seguir para acelerar la acción climática. “El balance global es un ejercicio de ambición. Es un ejercicio de rendición de cuentas. Es un ejercicio de aceleración (...) Es un ejercicio –subraya– que tiene como objetivo garantizar que cada Parte cumpla con su compromiso, sepa hacia dónde debe ir a continuación y con qué rapidez debe avanzar para cumplir los objetivos del Acuerdo de París", señala Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático. El balance se realiza cada cinco años y el primer balance está previsto que concluya en la COP28 a finales de este año.

  • 8 años ha ignorado Perú la Ley Forestal que protege reservas indígenas y depreda la Amazonía

    Desde 2015, la LFFS prohíbe otorgar concesiones en territorios de pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. Gobiernos regionales, como el de Loreto, en flagrancia y sin freno. Lima, Perú, miércoles 4 de octubre de 2023.- Los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en el Perú han sido continuamente invadidos y depredados por actividades extractivas legales e ilegales permitidas y en algunos casos impulsadas directamente por gobiernos regionales y por el gobierno nacional, en clara violación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS)[1] y sus cuatro reglamentos, que han cumplido ocho años de vigencia. La prohibición de otorgar concesiones forestales en los territorios de las reservas indígenas, así como en áreas en trámite para la creación de estas reservas para la protección de los PIACI, están especificadas en la LFFS y sus reglamentos, que se encuentran vigentes desde el 1 de octubre de 2015. Esta ley incorporó principios de gobernanza, consulta previa, inclusión social, interculturalidad, enfoque ecosistémico, mejoramiento continuo y transparencia, que previamente no existían en la legislación forestal peruana[2]. Sin embargo, actividades como la tala y el narcotráfico[3] están generando una mayor violencia contra las organizaciones y defensores indígenas e incluso comunidades enteras, que además de las violaciones a derechos humanos a las que se enfrentan por otras actividades extractivas que por décadas han sido permitidas por las autoridades peruanas: minería, producción petrolera, cambios de uso de suelo para proyectos carreteros, urbanos, agricultura o ganadería a gran escala. El caso del Gobierno Regional de Loreto Uno de los casos más preocupantes de violaciones sistemáticas a la ley forestal es el cometido por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Esta instancia ha otorgado, desde el año 2015 en adelante, 47 concesiones forestales ilegales que abarcan cerca de tres mil kilómetros cuadrados (equivalente a unas 300,000 hectáreas). Asimismo, ha otorgado derechos que han propiciado oleadas de invasiones masivas de madereros en territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA). Y, con ello, viene afectando a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche (Ver mapa[4]) y a la Reserva Indígena en trámite de creación Yavarí Mirim (Ver mapa[5]), la que también se encuentra dentro de la cobertura de la prohibición establecida por la Ley Forestal. En mayo de 2023, el Poder Judicial[6] ratificó una sentencia firme que obliga al GOREL a no otorgar ni reactivar concesiones forestales que se superponen a las reservas indígenas y reservas indígenas en trámite. Sin embargo, hasta el momento la gestión actual de dicho gobierno regional no ha cumplido con esta sentencia y no ha anulado las concesiones forestales ilegales. El caso también fue presentado por medio de una queja de cumplimiento del capítulo ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el Perú y Estados Unidos[7]. El doble rasero del GOREL se torna grosero porque por un lado, otorga concesiones ilegales en el territorio que habitan los pueblos indígenas en aislamiento y, a la vez, participa en espacios donde se toman decisiones sobre la mitigación del cambio climático, firmando acuerdos para conservar los bosques y salvaguardar los derechos humanos. En ese sentido, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentó una queja formal ante el Governors Climate Task Force (GCF) denunciando la violación de los derechos de los PIACI[8] y de la Ley Forestal. "Se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, que prohíben otorgar concesiones forestales en las reservas indígenas creadas y aquellas que están en trámites de creación, habitadas por nuestros hermanos indígenas aislados. Sin embargo, vemos con preocupación y tristeza que el Gobierno Regional de Loreto viene infringiendo esta ley porque, en los últimos años, ha otorgado más de 40 concesiones forestales ilegalmente en las áreas de las Reservas Indígenas Yavarí Tapiche (creada) y Yavarí Mirim (en trámite). Hacemos un llamado al Estado peruano para que anule estas concesiones forestales ilegales de una vez", señaló el apu Julio Cusurichi, dirigente de AIDESEP. El Ministerio de Cultura, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos del Congreso de la República han cursado más de 18 oficios al GOREL[9] advirtiendo que las concesiones forestales son “nulas de pleno derecho” por ser ilegales y solicitan que proceda a su nulidad. No obstante, llama la atención que el SERFOR, ente rector en materia forestal y con competencias para anular procedimientos de esta naturaleza[10], no haya tomado acciones legales contundentes contra el GOREL. "Varias instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblos del Congreso de la República han enviado múltiples documentos pidiéndole al GOREL que anule las concesiones ilegales que cubren casi tres mil kilómetros cuadrados del territorio de vida de nuestros hermanos PIACI. No vemos la voluntad de las autoridades para anularlas y siguen existiendo de manera ilegal y con total impunidad hasta el día de hoy", acotó Julio Cusurichi. La operación de concesiones forestales representa una invasión masiva en el territorio donde habitan los pueblos indígenas aislados que corren el riesgo de contagiarse de enfermedades transmitidas por extraños que incursionan en esas zonas, incrementando el riesgo de muertes masivas de indígenas aislados. Cualquier operación que afecte sus fuentes de alimentación les vulnera porque para sobrevivir dependen al 100% de los recursos y del buen estado del bosque. La lucha indígena logra cancelación de ley anti-PIACI Desde 2022, el GOREL se ha aliado con dudosos actores para ayudar a implementar una campaña política y de desinformación que rechaza la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento en Loreto. Asimismo, ha organizado tres foros públicos para difundir esta oposición y en septiembre del año pasado lanzaron la campaña "Loreto no a la Ley PIACI"[11]. Luego, en noviembre de 2022, medios de comunicación de todo el mundo reportaron que una nueva iniciativa de ley (Proyecto de Ley 3518/2022-CR) que amenazaba la existencia de los PIACI y pretendía debilitar la ley que les protege que se encuentra vigente desde 2006 Esta iniciativa, conocida como el proyecto de ley del genocidio PIACI, habría sido orquestada por los sectores forestal y petrolero peruanos, junto con el Gobierno Regional de Loreto para modificar la ley que obliga al Estado a establecer y proteger las reservas para los pueblos indígenas en aislamiento[12]. Gracias a los esfuerzos y la presión de AIDESEP, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), otras organizaciones indígenas y organizaciones civiles, se logró que el proyecto de ley del genocidio de los PIACI fuera rechazada en tres comisiones del Congreso Peruano entre mayo y julio de 2023, y con ello, la ley que protege a los pueblos en aislamiento y contacto inicial se mantuvo firme. El doble discurso de Perú sobre derechos indígenas y protección a los PIACI Las posturas del gobierno peruano en el exterior respecto a la protección de derechos indígenas, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y la protección a la biodiversidad en el territorio son incongruentes con las acciones que se dan al interior del país. Estas acciones de entidades como el GOREL sabotean los esfuerzos nacionales y de protección de la Amazonía, las metas de clima del Acuerdo de París[13], de la COP 27[14] y los acuerdos de la Convención de Biodiversidad de Kunming -Montreal, donde se reconocen los territorios de los Pueblos Indígenas y que “todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”[15]. Dina Boluarte y los pueblos indígenas En su mensaje a la nación, el pasado 28 de julio, Dina Boluarte dejó fuera del discurso temas críticos para el país como deforestación, cambio climático y protección de los pueblos indígenas[16]. Algo que fue evidente desde los meses previos, cuando una iniciativa amenazó a los pueblos indígenas en aislamiento y la presidencia de la nación evitó pronunciarse al respecto. Cumbre Amazónica sin hoja de ruta para proteger la cuenca En la Cumbre Amazónica, que tuvo lugar en Belém (Brasil) el pasado 8 y 9 de agosto, Boluarte se refirió constantemente a los pueblos indígenas como “comunidades nativas” tanto en sus pronunciamientos como en las comunicaciones de la presidencia durante ese evento regional[17]. Esto denota que el gobierno del Perú desconoce y hace una omisión al derecho de estos pueblos a ser reconocidos, como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, vigente desde 2008[18]. En esa Cumbre y por primera vez, reconocieron que la Amazonía se encuentra en el punto de inflexión, sin embargo, los líderes no lograron delinear una hoja de ruta clara sobre cómo abordar los enormes desafíos ambientales frente a la selva tropical. Postura de Perú en 78va Asamblea General de Naciones Unidas Durante su participación en el Debate General de la 78va Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 19 de septiembre[19], Boluarte mencionó que los ocho países amazónicos que se reunieron en la Cumbre Amazónica de agosto pasado, acordaron medidas de conservación para prevenir la deforestación y evitar alcanzar el punto de inflexión. Dijo que apoyaba a las “comunidades” indígenas y la protección de su tierra, cultura, lenguaje y prácticas. Sin embargo, actualmente el Congreso y el gobierno peruano están impulsando muchos cambios en la legislación, especialmente en la designación de áreas protegidas, la disminución de las exigencias en la institucionalidad y la gestión ambiental para facilitar la expansión de los proyectos extractivos (mineros, petroleros, y forestal) con un enorme impacto en las tierras de los pueblos indígenas lo cual no es considerado en la evaluación de estas iniciativas normativas. Esta es la visión política desde que Boluarte asumió el gobierno en diciembre de 2022. Contactos de prensa: Amazon Watch: Ricardo Pérez, +51943992012, rperez@amazonwatch.org Avaaz: Raul Estrada, +525580196422, raul.estrada@biodiversity.avaaz.org AIDESEP: Stephany Cadenillas, +51957628008, comunicaciones@aidesep.org.pe [1] Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley No 29763. Ministerio de Ambiente, Gobierno del Perú. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29763.pdf [2] Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA) (2015). Análisis de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/leyforestal_compaginado.pdf [3] Inforegión (2023). Loreto: Identifican 28 pistas clandestinas no registradas por el Ministerio de Transportes. Inforegión, Septiembre 25, 2023. Disponible en: https://inforegion.pe/loreto-identifican-28-pistas-clandestinas-no-registradas-por-el-ministerio-de-transportes/ [4] Concesiones Forestales que se superponen a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche. AIDESEP 2023. https://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2023/09/Mapa-Concesiones-Forestales-Ilegales-Reserva-Indigena-Yavari-Tapiche-2021-Final.pdf [5] Este mapa muestra las concesiones forestales superpuestas a la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim. AIDESEP 2023. https://aidesep.org.pe/wp-content/uploads/2023/09/Mapa-Concesiones-Forestales-Superpuestas-Reserva-Indigena-Solicitada-Yavari-Mirim-2022.pdf [6] Instituto de Defensa Legal (IDL) (2022). Poder Judicial ordena al GOREL abstenerse de entregar concesiones forestales en las reservas indígenas de protección de pueblos en aislamiento. Noviembre 22, 2022. Disponible en: https://www.idl.org.pe/poder-judicial-ordena-al-gorel-abstenerse-de-entregar-concesiones-forestales-en-las-reservas-indigenas-de-proteccion-de-pueblos-en-aislamiento/; Instituto de Defensa Legal (IDL) (2023). Corte de Loreto confirma la sentencia que impide que se otorguen concesiones forestales en reservas indígenas para PIACI. Junio 14, 2023. Disponible en: https://www.idl.org.pe/corte-de-loreto-confirma-la-sentencia-que-impide-que-se-otorguen-concesiones-forestales-en-reservas-indigenas-para-piaci/ [7] “Los Solicitantes alegan que el Estado Peruano no ha hecho aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente debido al otorgamiento, de manera ilegal, de cuarenta y siete concesiones forestales en la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim, en contravención de la prohibición expresa establecida en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – LFFS (Ley N° 29763) y sus Reglamentos.” Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú-USA (también conocido como TLC Perú-USA)(2023). Concesiones Forestales en Reservas Indígenas. Última actualización: 10 de abril de 2023 https://www.saca-seem.org/concesiones-forestales-reservas-indigenas/ [8] AIDESEP. (2023). AIDESEP pide a Grupo de Gobernadores por el Clima y Bosques (GCF Task Force) acciones frente a violación de derechos indígenas de parte del Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Mayo 31, 2023. https://aidesep.org.pe/noticias/aidesep-pide-a-grupo-de-gobernadores-por-el-clima-y-bosques-gcf-task-force-acciones-frente-a-violacion-de-derechos-indigenas-de-parte-del-gobierno-regional-de-loreto-gorel/ [9] AIDESEP. (2023). Organizaciones indígenas e instituciones estatales pidieron al Gobierno Regional de Loreto anular concesiones forestales en territorios PIACI. Agosto 22, 2023. Disponible en: https://aidesep.org.pe/noticias/organizaciones-indigenas-e-instituciones-estatales-pidieron-al-gobierno-regional-de-loreto-anular-concesiones-forestales-en-territorios-piaci/ [10] Ver: Artículo 7 del Decreto Legislativo 1319, disponible en: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DLeg-1319.pdf [11] Ver: https://www.facebook.com/goreloretoperu/videos/766369661316759 (“#VIVO || CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "LORETO NO A LA LEY PIACI" #GOREL”); Coordinadora por el Desarrollo de Loreto - CDL. (2022). Exitoso lanzamiento de la campaña “Loreto no a la ley PIACI”, Loreto no está de acuerdo con la ley PIACI y sus efectos de crear reservas intangibles en perjuicio del desarrollo. 14 de septiembre de 2022. https://www.facebook.com/103356001493282/posts/594570582371819/ [12] Sierra, Y. (2023). Perú: proyecto de ley pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento al negar su existencia. Mongabay, Febrero 6, 2023. Disponible en: https://es.mongabay.com/2023/02/proyecto-de-ley-pone-en-peligro-a-pueblos-indigenas-en-aislamiento-en-peru/ [13] Gobierno del Perú. (2020). Perú ratifica sus compromisos asumidos en el Acuerdo de París e incrementará su ambición climática. Plataforma digital única del Estado Peruano. Diciembre 11, 2020. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/320246-peru-ratifica-sus-compromisos-asumidos-en-el-acuerdo-de-paris-e-incrementara-su-ambicion-climatica [14] Gobierno del Perú. (2022). COP 27: Perú llama a la unión mundial para enfrentar la emergencia climática. Plataforma digital única del Estado Peruano. 15 de noviembre de 2022. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/670004-cop-27-peru-llama-a-la-union-mundial-para-enfrentar-la-emergencia-climatica [15] CBD (2022.) Decisión Adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio Sobre La Diversidad Biológica. Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. CBD/COP/DEC/15/4. 19 de diciembre de 2022. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-es.pdf [16] Mensaje a la Nación obvió temas como deforestación, cambio climático y protección de los pueblos indígenas. https://www.actualidadambiental.pe/mensaje-a-la-nacion-obvio-temas-como-deforestacion-cambio-climatico-y-proteccion-de-los-pueblos-indigenas/ [17] Luján, E. (2023) Dina Boluarte no distingue pueblos indígenas con “comunidades” pese a su asistencia a cumbre amazónica. Infobae, Agosto 10, 2023. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2023/08/10/presidenta-dina-boluarte-confunde-pueblos-indigenas-con-comunidades-pese-a-su-asistencia-a-cumbre-amazonica/ [18] UN. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf [19] UN. (2023). Declaración de Perú, AGNU 78, Debate General, Su Excelencia Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Presidenta. Septiembre 19, 2023. https://gadebate.un.org/en/78/peru

  • Ecuador está viviendo ‘el Chernobyl Amazónico’ a causa del extractivismo

    Cuatro líderes y lideresas indígenas de la Provincia de Napo denuncian la devastación ambiental provocada por la minería legal e ilegal en su entrevista en el nuevo podcast Late Latinoamérica. El reconocido analista político y economista Alberto Acosta denuncia el brutal avance del extractivismo y de la minería en Ecuador y anuncia el inicio de un desastre ambiental en la amazonía equivalente, en términos de devastación ambiental, al accidente nuclear de Chernobyl. A puertas de alcanzar el punto de no retorno de la Amazonía provocado por la deforestación y la degradación ambiental de la Cuenca Amazónica, sumado a los impactos del extractivismo y la crisis provocada por el cambio climático, sitúan a la selva ecuatoriana en un contexto de emergencia ambiental y social. Ecuador se encuentra viviendo un desastre ambiental catalogado como ‘el Chernobyl Amazónico’ que pone en extremo peligro los bosques, la biodiversidad y a las comunidades indígenas y locales que habitan el corazón de la Amazonía ecuatoriana, según denunciaron representantes indígenas de la provincia de Napo. En el primer episodio del nuevo podcast Late Latinoamérica, creado por la startup de comunicación e impacto social Colmena Lab, cuatro líderes y lideresas indígenas de las comunidades de Napo junto al reconocido analista político y economista Alberto Acosta, denunciaron el voraz avance del extractivismo y de la minería en Ecuador y los impactos que esta actividad supone para el medio ambiente y para las comunidades. El episodio titulado ‘Napo Resiste’ nace de la preocupación del equipo de Colmena Lab por el gravísimo desastre ambiental y social que vive Ecuador a causa de las actividades extractivas, y que, según varios criterios de expertos y activistas es solo un pequeño reflejo de lo que ocurre a nivel regional. Según reza la reseña en la cual se anuncia el podcast, “el extractivismo es uno de los problemas más fuertes que enfrenta Latinoamérica. En los últimos años este fenómeno se ha recrudecido especialmente por el avance voraz de la minería y la mega minería”. De acuerdo a las cifras presentadas en 2019, por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la región registró más de 470 proyectos mineros que han provocado aproximadamente 1.456 conflictos socio ambientales, según los últimos registros del Atlas de Justicia Socioambiental. La problemática que enfrenta la Provincia de Napo es un ejemplo de cómo las actividades extractivas constituyen una amenaza para los bosques y las comunidades. Pese a que esta provincia está cubierta por áreas naturales protegidas (ANP) y territorios indígenas (TI), el Estado ecuatoriano ha emitido una serie de concesiones mineras que no solo se superponen con estas dos figuras territoriales, sino que provocan alteraciones fuertes en el bioma amazónico y en los medios de vida. “Ecuador está viviendo un desastre ambiental en la amazonía por una actividad extractivista, la petrolera, la destrucción del nororiente de la amazonía ecuatoriana es brutal. Se habla de que allí se produjo lo que podría ser otro Chernobyl, un Chernobyl ecológico en un país del sur, en la amazonía. La destrucción del suelo, del aire y del agua provocó la desaparición de dos pueblos enteros en la amazonía ecuatoriana, los tetetes y los sansahuaris. Las enfermedades catastróficas alcanzan niveles increíbles, el cáncer para mencionar un caso, está en 31%, cuando el promedio nacional es de entre el 11% y el 13%. Las provincias petroleras son las más pobres de todo el Ecuador. Y con todo esto están abriendo las puertas a la megaminería”, sostuvo el analista Alberto Acosta. Según los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) publicados en 2021, Napo posee 288 concesiones mineras que ocupan el 3.14% de la superficie provincial, pero que comprometen las principales fuentes de agua de toda la provincia, principalmente, del Río Napo, afluente del Amazonas. De acuerdo con el reporte No. 184 sobre el Avance de la Minería en Napo Elaborado por Monitoring of the Andean Amazon Project, publicado en marzo de 2023, entre 2015 y 2021, la actividad minera en esta provincia ha crecido aproximadamente 300%, y su impacto ha afectado a las comunidades aledañas de múltiples formas que van desde el abastecimiento de agua y la contaminación de las cuencas hídricas hasta serios problemas de salud y alteraciones a los medios de vida. “Se ha visto un aumento en la violencia y la creación de conflictos entre las comunidades y también se ha visto un gran ecocidio en donde están estas concesiones las cuales están operando legal y legalmente”, denunció Leo Cerda activista y vocero del colectivo Napo Resiste. Mientras que la industria minera recibe el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener y ampliar sus operaciones en Napo y en el país, las comunidades enfrentan los impactos sociales, económicos y ambientales así como la militarización, la violencia y los daños directos a la salud y medios de vida. Según las denuncias realizadas por las comunidades, hasta 2021 se analizaron 146 concesiones mineras de oro aluvial en la Provincia de Napo y se estableció que al menos 45 de ellas fueron otorgadas sin cumplir con la consulta ambiental, ni la consulta previa libre e informada. SOBRE LATE LATINOAMÉRICA un nuevo podcast creado por Colmena Lab que profundiza las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. El podcast lo conducen los dos co-fundadores de Colmena Lab, Fabio Víquez y Violeta Sánchez quienes son comunicadores, activistas y expertos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de productos de comunicación destinados a generar impactos sociales. Conozca más sobre Late Latinoamérica en www.latelatinoamerica.org Escucha el primer episodio de Late Latinoamérica para conocer más acerca de este conflicto y entérate cómo #NapoResiste.

  • MULLU LA PRIMERA PLATAFORMA DESDE LOS TERRITORIOS PARA EL MUNDO

    Presentamos a Mullu, una plataforma de comunicación de alcance global con articulación en las Américas (Abya Yala) que busca romper con la mirada colonial, racista y patriarcal. Mullu abre sus canales al mundo a través del estreno de su primer reportaje “Yutzupino: el dorado en disputa”. Desde la primera línea de batalla y resistencia de los territorios indígenas, negros y afrodescendientes emerge una plataforma de comunicación que busca construir narrativas que combaten el racismo y la discriminación mediática, elevando y amplificando las voces de los pueblos, comunidades y comunas de todo el continente. Usando la comunicación, el cine, el periodismo y la tecnología de forma innovadora, rebelde y soberana, Mullu visibiliza y amplifica las problemáticas, fortalece a las comunidades y genera procesos de incidencia encaminados a transformar la realidad. Mullu tiene un modelo de trabajo antihegemónico, horizontal y colaborativo basado en el intercambio de saberes que busca generar un impacto directo en los territorios afectados por el cambio climático, el extractivismo, los conflictos armados y otros factores que amenazan la vida de las personas y la naturaleza. La plataforma de Mullu, funciona a través de: Mullu abre su plataforma al mundo a través del estreno de su primer reportaje periodístico “Yutzupino: el dorado en disputa”, un film que muestra los impactos de la minería en la comunidad Yutzupino ubicada en la provincia de Napo en Ecuador. Napo, una de las seis provincias amazónicas de Ecuador, el 19.6 % de su extensión está cubierta por territorios indígenas y el 53.7% por áreas naturales protegidas. Pese a su gran importancia ambiental y cultural esta provincia está amenazada por la minería legal e ilegal, actualmente se registran 288 concesiones mineras que ponen en riesgo el bioma amazónico y a las comunidades (Agencia de Regulación y Control Minero, 2021). Yutzupino es una de las áreas que más actividad minera registra y una de las que más impactos ambientales y territoriales ha recibido. De acuerdo al informe no. 184 sobre el Avance de la Minería en Napo (Ecuador) de Monitoring of the Andean Amazon Project, publicado en marzo de 2023, en Yutzupino la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 78,6% al valor reportado para inicios del año 2022. Desde las voces de las comunidades, el reportaje de Mullu busca mostrar cómo mientras la industria minera recibe el apoyo directo e indirecto del gobierno, las comunidades enfrentan los impactos sociales, económicos y ambientales de la extracción así como la militarización, la violencia y los daños directos a la salud y medios de vida tradicionales. Únete a nuestra red solidaria de difusión y ayúdanos a amplificar las voces de los pueblos indígenas, negros y afrodescendientes de Abya Yala. ¡Únete al estreno de YUTZUPINO, EL DORADO EN DISPUTA!

  • COSTA RICA: ¿CUÁL ES EL VERDADERO COSTO DE LAS PIÑAS?

    Desde hace tiempo me he venido realizando esta pregunta, sin embargo no fue hasta la segunda semana de abril, cuando leí una noticia de la Deutsche Welle (DW) sobre la nueva polémica sobre el uso de pesticidas en este país, que decidí ahondar al respecto. La noticia presentaba una alerta emitida por las autoridades sanitarias de Alemania sobre un cargamento de melones provenientes de Costa Rica con residuos del pesticida clorotalonil, por encima de los niveles máximos establecidos. Este químico es considerado cancerígeno por la Unión Europea (UE) y no puede superar 0.01 mg/kg, Las muestras de los productos provenientes de nuestro país superaron siete veces el límite establecido. ¿De dónde vienen las piñas? Por mi trabajo, recientemente, tuve la oportunidad de recorrer varios países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica. Estaba emocionado por conocer más acerca de los esfuerzos por conservar y proteger los bosques y los recursos en el territorio indígena de Salitre ubicado en Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas. Al llegar tuve la oportunidad de compartir con las personas de la comunidad y constatar las acciones de conservación que desarrollan. Sin embargo, al pasar los días y recorrer la zona pude constatar de primera mano los problemas ocasionados por los monocultivos, sobre todo por las grandes empresas piñeras. El agua, un elemento indispensable para todas las personas y sagrado para el pueblo Bribri, está siendo contaminada y profanada por el uso indiscriminado de pesticidas, herbicidas y otros químicos, así como de los problemas derivados del manejo inadecuado de los residuos sólidos producto de los cultivos extensivos de piña. Pese a los esfuerzos de denuncia, las acciones de incidencia y todos los procesos por conservar y restaurar la zona, las piñeras han contaminado gran parte del bosque y las fuentes hídricas, provocando serios problemas para la población y los ecosistemas. Aunque la situación de Salitre es preocupante, no es el único ni el punto más afectado del país, de acuerdo a un artículo de investigación publicado por Mongabay (2021) de las 1.659 hectáreas de piña que se encuentran en áreas protegidas (el dato más reciente es del año 2018), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) solo tenía conocimiento de 358,5 hectáreas en sus registros. Es decir, el 74 % de los cultivos de piña dentro de áreas protegidas no estarían avalados por la institución que tiene entre sus propósitos fundamentales el armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Lo anterior no necesariamente quiere decir que son cultivos ilegales, sino que no han pasado por ningún tipo de evaluación ni control ambiental. Las imágenes satelitales del país, presentadas en el mismo artículo, revelan que desde 2018 el cultivo de piña ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente (MINAE) no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de SETENA, hay 1.300 hectáreas que no constan en sus bases de datos. La piña, la esperanza de la reactivación económica La piña es uno de los productos estrella de exportación de Centroamérica. En el caso de Costa Rica cifras del 2021 presentadas por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés) lo ubican como uno de los principales exportadores de piñas, frescas o secas del mundo generando una ganancia anual de 1,14 billones de dólares. Un dato importante en un país donde la agricultura es uno de sus principales sectores económicos y contribuye aproximadamente con el 7% del PIB. Un nuevo estudio publicado en febrero de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla el contexto macroeconómico de la región en 2022. En ese año el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio un 5,7% y se mostró más resiliente gracias a la recuperación en el turismo, las remesas y exportaciones menos volátiles en productos agropecuarios. Una de las recomendaciones realizadas por el BID para la región, consiste en diversificar las inversiones y los productos para atenuar la volatilidad de la demanda internacional. Pese a este escenario, y las recomendaciones para la región, el mercado de las piñas en lugar de atenuarse ha sufrido un incremento sustancial. La piña es el segundo producto en exportación costarricense en conjunto con el banano y los dispositivos médicos. En 2021, según las cifras presentadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la piña representó un 7% de las exportaciones totales del país. ¿A qué saben las piñas de Costa Rica? Es fácil transportarse al sabor ácido y dulce de la piña y sus múltiples preparaciones. Mucho se ha hablado de las propiedades digestivas o su contenido en potasio, yodo, vitamina C, de las también llamadas ananás. Sin duda esta fruta se ha posicionado como el postre de predilección de distintos lugares del mundo. Desde hace varios años este producto es sujeto de diferentes controversias. Sobre ella hay varios hallazgos inquietantes que nada tienen que ver con sus usos gastronómicos. El lado amargo de la piña no está en los ingresos que genera al país o en las fuentes de empleo que genera, sino en los procesos de producción que conlleva y lo que ha generado reacciones desde distintos sectores. Entre algunas de las afectaciones que este cultivo genera consta la deforestación de grandes extensiones de bosque, erosión del suelo, contaminación del agua y de los suelos, además de la pérdida de biodiversidad. A esto se le suma la preocupación por la situación laboral de quienes están vinculados en este sector. En 2019 Costa Rica recibió el premio como Campeones de la Tierra entregado por las Naciones Unidas (ONU), este es el máximo galardón ambiental que entrega este organismo. El reconocimiento buscó visibilizar “su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el cambio climático”, según detalla en su página web. Sin embargo hay cabos sueltos. Entre los problemas más graves ligados al cultivo de piñas se encuentran las denuncias por uso indebido de plaguicidas que han generado consecuencias para la salud de quienes habitan las zonas cercanas. Algunas de estas patologías las recoge el mismo Ministerio de Salud en la Estrategia Nacional de Abordaje integral de enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad 2013-2021, que están asociadas al cáncer, daños al hígado y los riñones, problemas del sistema nervioso y del sistema cardiovascular, enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedades de la piel. Estas alteraciones en la salud de las personas están vinculadas con la contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo. Según recoge el documento gubernamental citado estas afecciones se relacionan al “uso excesivo de plaguicidas en actividades agrícolas”. Sin embargo, ¿de cuáles plaguicidas estamos hablando? Según un informe de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el suelo de estos cultivos así como en el agua de estas zonas se han encontrado residuos químicos. Algunos de los compuestos encontrados, asociados a la producción de piña son: el bromacil, el clorotalonil, el diuron, el paraquat, entre otros. Estos compuestos son usados para detener el crecimiento de maleza y la proliferación de plagas y en muchas ocasiones son usados en conjunto, como es el caso del diuron y el bromacil. Según estudios actualizados a 2017, por la Universidad Estatal de Oregón e Intertox, Inc., sobre el uso de plaguicidas en el Programa de Gestión Integrada de la Vegetación del Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT, por sus siglas en inglés) la exposición a estos químicos genera daños al organismo de las personas. Estos estudios fueron aplicados en diferentes especies de animales para evaluar el porcentaje de toxicidad en humanos y animales domésticos, el tiempo de afectación y otros indicadores de salud. En la investigación, se evidenció toxicidad aguda al ingerir, tocar los residuos de bromacil provocando toxicidad crónica y generando efectos como el exceso de peso corporal, cambios celulares en la tiroides, aumento del número de quistes tiroideos, aumento del número de quistes celulares, cambios celulares en las glándulas suprarrenales y daños en la retina cuando se administró en dosis moderadas a altas durante 2 años. Si bien, con estos estudios no se identificaron daños a la reproducción, luego de administrarse a ratas durante tres generaciones. El bromacil sí causó cambios esqueléticos en las crías de ratas preñadas alimentadas con dosis altas o expuestas a concentraciones muy altas en el aire. Además esto provocó aumento del número de abortos cuando se administró a conejas en dosis elevadas, según la Agencia de Protección Ambiental, de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) estos efectos reproductivos son el resultado de la toxicidad para la madre. Impactos directos del cultivo de piña En 2022, el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura del Suelo en Paisajes Productivos (MOCUPP) presentó los resultados de su análisis de la pérdida de cobertura arbórea derivada del cultivo de piña en Costa Rica. Actualmente, la producción de piñas ocupa 65 mil hectáreas de terreno en el país, es decir un 1,28% del territorio nacional. Según este estudio el periodo de mayor pérdida fue entre el 2016 y 2017 con 679,20 hectáreas. No obstante, aunque en el periodo 2018 -2019 la cifra haya sido menor no es igual a cero: se perdieron cerca de 89 hectáreas. El MOCUPP hace un análisis sobre la pérdida de cobertura arbórea a partir de un cultivo. Es decir, que identifica la variación entre dos períodos en áreas arboladas debido al surgimiento de nuevas áreas de cultivo. En este sentido, para estimar la pérdida, ganancia y no cambio en la cobertura arbórea debe contar con los datos de dos años consecutivos del área cultivada del paisaje productivo. Con lo cual se concluye que en el análisis realizado en 2019 el cultivo de piña ocasionó una pérdida de cobertura arbórea de más de 343 hectáreas (periodo 2017-2018), mayoritariamente en la Región Huetar Norte. Según un reportaje del portal Mongabay Latam sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, una de las cuatro áreas protegidas de Costa Rica y uno de los importantes santuarios de humedales, se ha observado el ingreso de cultivos de piña en el refugio. Este cultivo resulta peligroso para las especies que habitan esas zonas, ya que varias de ellas se encuentran en serio peligro de extinción debido a la desaparición de sus ecosistemas, resultado de la deforestación y el uso de plaguicidas, un ejemplo de ello es la rana arlequín. En el Manual de Plaguicidas de Centroamérica se detallan algunos de los efectos identificados de los químicos empleados en los cultivos de piña que afectan de maneras diferentes a especies como, peces: la trucha arcoiris y la carpa; crustáceos: dáfnidos; aves; insectos: abejas, lombrices de tierra; plantas; algas: Navicula pelliculosa, Raphidocelis subcapitata, Scenedesmus quadricauda, helechos acuáticos. En el caso del bromacil y el paraquat han sido reportados en la lista de plaguicidas peligrosos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) como disruptores endocrinos o con efectos sobre la reproducción, siendo este último restringido en el ámbito federal, en los EUA y prohibido en 48 países del mundo. El clorotalonil también tiene restricción en el ámbito federal en los EUA y es prohibido en la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Palestina y Arabia Saudita, y además está cancelado en Colombia. Mientras que el diuron fue detectado en muestras de agua superficial y de organismos acuáticos luego de eventos de mortalidad de fauna acuática en la región Caribe del país. Según distintas fichas técnicas estos compuestos son de aplicación foliar (aplicación sobre el follaje) y deben emplearse con cuidado para que no tengan contacto con fuentes de agua, alimentos y con precaución de no ser inhalados, lo cual resulta un verdadero reto si se emplea de forma manual. Actualmente hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de los denominados drones agrícolas para la implementación de agroquímicos como los mencionados, que ofrecen abarcar una hectárea de terreno en quince minutos, gracias a la generación de mapas geo-referenciados, medición de terrenos y de fincas. En el portal web de una de estas empresas se identifica como “Caso de éxito la piña de Costa Rica” y señalan que ofrecen soluciones a: “La industria piñera que está siendo afectada por la alta presión del medio ambiente para poder controlar más los procesos agrícolas y determinar las buenas prácticas de trabajo” y añade que han implementado soluciones “en Costa Rica en las zonas de Upala, Los Chiles, San Carlos y Río Cuarto”, coincidencialmente las zonas más afectadas por los cultivos extensivos de la fruta. Autor: Fabio Víquez, Colmena Lab.

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