¡Estrenamos un nuevo episodio de nuestro podcast Late Latinoamérica!
Este octubre miles de personas se volcaron a las calles de todo Panamá para exigirle al gobierno el cese de la minería. Bajo la consigna “abajo el contrato minero”, comunidades indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes, jubilados y muchos otros sectores se unieron para defender la vida.
Después de 20 años de lucha anti minera, las voces de los territorios se hicieron eco en las ciudades, diciendo con contundencia y resolución: No a la minería.
En este artículo de blog presentamos una análisis del problema de la minería en Panamá que contextualiza y complementa el nuevo episodio de Late Latinoamérica.
Escucha el tercer episodio de Late Latinoamérica para conocer más acerca de la movilización social en Panamá:
Despertar ambiental, estallido social y descolonización
En toda la historia republicana panameña, solamente dos gobiernos han logrado unir a la población en su contra. Uno fue el que presidió Ricardo Martinelli, con la popularmente conocida como “Ley Chorizo”, y el otro es el de Laurentino Cortizo, quien se anota dos manifestaciones ciudadanas en menos de dos años.
El Proyecto “Ley Chorizo” enunciaba en su encabezado la “regulación de la aviación comercial”, pero incluía artículos para la penalización oficial de las protestas, la restricción de la materia ambiental a las decisiones del Órgano Ejecutivo, la eliminación de los estudios de impacto ambiental para proyectos declarados “de interés social”, la impunidad policial para el excesivo uso de la fuerza y la incidencia en los convenios colectivos de trabajadores. Era el preludio para imponer una mega hidroeléctrica que afecta los territorios comarcales Ngäbe y la tentativa de negociar un proyecto minero. Hubo muertos, detenidos y muchos heridos que también se enfrentaron al gobierno de turno.
¿Cómo se logra poner a todo un país en contra?
Hablamos de una combinación explosiva: poblaciones rurales abandonadas que pierden sus recursos naturales por la explotación extractivista, una clase media al borde del colapso económico, instituciones públicas cada vez más desprestigiadas por los escándalos de corrupción y la contínua desatención de las voces de las organizaciones sociales. Ambos gobiernos siguieron —como si se tratase de una receta— esta sucesión de acciones que desencadenaron, tanto en 2011, como en 2021 y 2023 el hastío de una población que ya parece no tener nada más que perder.
Según la activista ambiental, Raisa Banfield, el conflicto puntual que hoy se discute en todos los ámbitos del país se origina veinte años atrás y suma una serie de hitos a lo que hoy es un imperdonable sendero de injusticias:
AÑO | EVENTO |
1997 | El Presidente Ernesto Pérez-Balladares firma el contrato para la explotación minera de 13,000 hectáreas con una empresa local que buscaba oro y cobre. |
1998 | ANCON (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza) presenta una demanda de inconstitucionalidad, ignorada por la Corte de ese entonces. |
2009 | Se presenta una segunda demanda y se inicia la campaña La mina contamina / Panamá vale más sin minería. |
2010 | La empresa minera Inmet empieza a desarrollar operaciones de construcción de la mina. |
2013 | First Quantum compra Inmet luego de una crisis política (Protestas. Anti Ley Chorizo en el 2011) y se queda con el 90% de acciones. |
2014 | Transición de gobierno Martinelli-Varela entre crisis que incluían el tema de la minería a cielo abierto |
2017 | Fallo de inconstitucionalidad de la Corte y se vence el contrato luego de 20 años. El Presidente Varela mantiene el fallo en espera de publicación. |
2021 DICIEMBRE | Se publica el fallo, la empresa opera sin contrato y las organizaciones ambientales empiezan a presionar para detener las operaciones. |
2023 ENERO | Anuncio de nuevo contrato por la actual administración |
2023 AGOSTO | Empiezan las discusiones en la Asamblea Nacional |
2023 OCTUBRE | Aprobación de la ley 406 en 72 horas y estallido social. |
Ni la propaganda gubernamental, ni toda la inversión en compra de conciencias que ha desplegado First Quantum Minerals, a la usanza de sus experiencias en el continente africano, en Sudamérica, en Australia o en la misma Canadá han aplacado la furia con la que la juventud panameña se ha lanzado a las calles.
Tampoco lo ha hecho el miedo o la incomodidad de salir de casa a poner el cuerpo para hacer llegar al gobierno el mensaje de hartazgo por la reiterada burla que se asoma desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al grito del segundo artículo de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo”, el tradicional mes de la patria de cada noviembre desde inicios del siglo tiene ahora un matiz heróico, donde los próceres no son precisamente respetables caballeros de las familias criollas pudientes, sino maestros, campesinos e indígenas que han demostrado ser consistentes con la lucha por un país libre de extractivismo e injusticia.
Un despertar del letargo
Audrey Baxter, fotoperiodista y víctima de la represión policial, nos habla de este hartazgo de los jóvenes ante los escándalos de corrupción, señalando que no sólo son perjudiciales para la ciudadanía, sino que ahuyentan las inversiones. Para él, en una sociedad que constantemente se rendía o era ajena a las luchas ambientales, el detonante fue la rapidez con la que se aprobó una ley que se encontraba aún en el debate nacional. En medio del incidente que afecta hoy su vista —herramienta fundamental en su oficio— pudo sentir la creciente emoción de quienes esperaban que, a último minuto, el Presidente se manifestara. Eso, a su juicio, fue lo que provocó el sentido de unidad más grande que se ha dado en el país.
Para explicar el problema ambiental, Banfield nos recuerda que Panamá es un territorio pequeño, de apenas 77,000 km2 con más de 500 ríos repartidos en 52 cuencas hidrográficas y un sistema de bosques tropicales, conformando un 33% de zonas protegidas que son de gran importancia para el ecosistema regional y para todo el planeta. En este sentido, las comunidades cercanas a los proyectos mineros ya han visto las afectaciones y 25 años han sido suficientes para ver que, por un lado, las tierras pierden suelos antes aptos para el cultivo, son víctimas de inundaciones por la erosión y la devastación de la flora; pero por otro lado, ningún proyecto minero ha terminado con la restauración de las áreas explotadas. Todo pueblo por el que ha pasado una explotación minera ha quedado condenado a los escombros, la mortandad de su fauna (algunas endémicas) y la alteración de su flora, sumando una serie de enfermedades entre las cuales la peor ha sido la incidencia de casos de cáncer asociado a la exposición a metales pesados.
Las comunidades se encuentran indefensas ante la empresa minera. Solamente ahora el pueblo de Donoso siente el respaldo del país, ya que antes sus denuncias caían en manos del enemigo, a falta de una beligerancia real y efectiva del Ministerio de Ambiente. De hecho, gracias al trabajo de las comunidades y organizaciones hoy el país puede conocer imágenes de la empresa minera, de la gran cantidad de empleados asiáticos que son transportados en buses privados para que no entren en contacto con las comunidades y del estado de las tierras que alguna vez fueron santuarios naturales de aves y peces. Según Banfield, son contadas las veces en que el Ministerio de Ambiente emite informes sobre violaciones a las leyes panameñas.
El mito de la caverna
En un país en el que a través de los años toda la parafernalia de política electoral vendió el camino al progreso como objetivo, su población difícilmente podía oponerse a la frenética construcción de rascacielos, centros comerciales o puentes sobre el Canal de Panamá. Paradójicamente, la atención de salud o el estado de las escuelas públicas no ha logrado grandes avances desde inicios de la República. Por eso Baxter, como tantos otros jóvenes de su generación, se pregunta ¿Cómo puede pensarse en minar un país tan pequeño que se encuentra en el paso de un corredor biológico cuando nos comprometimos en convenios internacionales a la sostenibilidad? Esa contradicción se suma a un discurso que se cae cuando es evidente que las únicas formas de generar empleos que se promueven son las que justamente van en contra de la población, como lo es la industria minera.
Es decir, en Panamá se socavan playas y ríos para saciar de arena a la industria de la construcción como si esto no tuviese consecuencias en el entorno y la seguridad de la población. Las concesiones de hidroeléctricas se ofrecen como la panacea de la generación energética en áreas en las que afectan la vida de miles de personas, como es el caso de Barro Blanco y otros proyectos que, poco a poco, van desplazando comunidades ante la destrucción de sus recursos y su cultura.
Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales guardan silencio cómplice sobre estos atentados y se vuelcan a la narrativa de que quienes se oponen al extractivismo, no desean el desarrollo del país. Tal parece que para gobernantes y medios el agua no es el gran problema actual en el mundo y que los recursos que aún tiene el istmo panameño, no son más valiosos que las dádivas que reciben por su labor servil.
Y la actitud violenta que pasa por la desacreditación de actores que explican las consecuencias de no proteger los recursos, de activistas y de las organizaciones que luchan por la defensa de los recursos, llega —como en el caso de Audrey Baxter— al atentado contra la integridad física de quien contradiga la versión oficial. La policía le ha dado un mensaje claro a la población: los manifestantes son los enemigos y como enemigos se les ataca. El disparo que le hace perder un ojo a Baxter fue captado por el lente que utilizaba para trabajar documentando la protesta y específicamente el impedimento a la participación ciudadana en la discusión legislativa. Segundos antes sintió la mirada de quien dió la orden y la de quien la obedeció incluso cuando el camarógrafo trató de protegerse. No fue hasta el último disparo que cayó ensangrentado y sólo entonces cesaron los tiros.
“Otra forma de guerra”
Raúl Zibechi, escritor, investigador y periodista uruguayo opina que lo que ocurre hoy en Panamá tiene que ver con una herencia de los conflictos armados centroamericanos, que en el caso de este país tiene su punto más álgido en la invasión estadounidense de 1989. La nueva etapa que identifica en su análisis es la del extractivismo, que se convierte en “otra forma de guerra”, ya que su impacto deviene en una agresión incluso más desafiante y hasta podría decirse que más difícil de superar.
Los modelos se parecen, sobre todo en cuanto a la reacción de represión visceral y la declaración de enemigo de todo aquel que se atreva a ponerse en el camino de los poderes políticos y económicos —aunque en realidad solo es el económico—.
Zibechi nos recuerda el caso de Ortega en Nicaragua y nos invita a observar con cuidado el fenómeno, ya que un simple ejercicio como el de comparar las fotografías de las olas migratorias de los últimos meses con las de las manifestaciones masivas de Guatemala o de Panamá nos alerta que no son diferentes, y sobre todo porque ambas suceden por las mismas razones, porque son “gente que ya no puede seguir viviendo como antes”.
Desde el 20 de octubre han muerto cuatro personas, tres de los cuales fueron atacados por un exmilitar del ejército norteamericano. Eran maestros con banderas en concentraciones gremiales y que fueron increpados por su asesino para que levantaran las barricadas que impedían el flujo vehicular acostumbrado. La discusión duró lo que demoró en desenfundar el arma y apuntar a sus víctimas. Grabado por múltiples celulares, pudimos observar una y otra vez su odio, como el gatillo accionado por toda la élite empresarial que pone la responsabilidad de la crisis en los manifestantes y no en el accionar inmoral del gobierno. La narrativa, como argumenta Baxter, trata el problema como un asunto entre anarquistas y vándalos contra terceros afectados, como si la idea fuera de crear una polémica en la que el aparato gubernamental no existe, o no es parte de esta forma de guerra.
La clave de la resistencia
No cabe duda que hay un factor imprescindible en la experiencia de lucha de Panamá y es la mirada de los pueblos indígenas. Son quienes ven la amenaza, la denuncian y cuya voz se mantiene firme en la defensa de los recursos. En este sentido, Zibechi nos invita a observar que nos han enseñado “otros caminos para transformar al mundo” basados en lo comunitario. Y es como si hubiese visto en primera fila esa determinación con la que han bajado de las montañas para plantarle cara a todos los gobiernos y a las empresas que trasiegan con los recursos naturales sin el menor control por parte de las autoridades. Lo mismo cuando menciona a las comunidades afro, que hoy están representadas por el pueblo de Donoso, enfrentado a los navíos de la minera para impedirles el paso apenas con sus lanchas de pesca y que fueron atacados por la Fuerza Aeronaval como si de un ejército invasor se tratara.
Pero la otra parte es la toma paulatina de la lucha con voz y cuerpo de mujer, con una lógica totalmente distinta, que Zibechi explica como la colectividad desplazando a la institucionalidad y haciéndose cargo del cuidado de los suyos, enseñando a la protesta a accionar neutralizando las formas patriarcales para darle paso a “las nuevas y potentes formas de acción política”. Esta idea, para Raisa Banfield significa una reflexión que se centra en el tiempo que lleva esta lucha y el trabajo sostenido, muchas veces solitario. También reconoce que el punto actual tiene que ver con ese diálogo incesante que logró sembrar en la juventud el mensaje claro de la amenaza que representa la minería.
Descolonización en la práctica
Si antes todos los caminos conducían a Roma, hoy estamos cambiando esa imposición ideológica al buscar otros caminos que nos conduzcan a dejar atrás las estructuras heredadas, incluyendo la idea del Estado, que —como anota Zibechi— es de importación Europea. Lo mismo con las viejas élites, que en Panamá no han demostrado otra cosa que ser ya no solo las que se quedan con la mejor parte de las ciudades y las tierras de cultivo a precios irrisorios, sino que además se dedican ahora a vender por pedazos lo que no saben cómo explotar. El periodista se pregunta si no estamos ante una nueva lógica a la que precede el caos actual y si esta no será entonces la de la colectividad.
Esta pregunta tiene también que ver con la conciencia ambiental que traen las nuevas generaciones, que tal como afirma la experta en transformación social y ecológica, Mariana Blanco, la estamos viendo en las juventudes cuando participan cada vez más y asumen la posibilidad de incidir sobre el futuro del mundo que les está quedando. Sus formas también son otras, tienen acceso a más información y no necesitan esperar a que se les explique lo que ya es evidente en cuanto a los errores de quienes los precedieron, aunque de alguna manera, al haberse satanizado tanto a las organizaciones sindicales como a las sociales con el cuco del comunismo, se les quiere llevar por la senda del cansancio y la desesperanza.
Negarle a la juventud de hoy el derecho a la utopía de la que habla Mariana Blanco, utilizando maniobras propagandísticas o imponiendo injusticias al modo de las dictaduras de antaño, no solo afecta su capacidad de reconocer el valor de la lucha, sino que tiñe de apatía y desgano a quienes deberían estar tomando las riendas de nuestra sociedad. Puede que las clases económicamente dominantes no estén preparadas para el vértigo de la justicia, pero eso no les da derecho a condenar a muerte a los sectores más vulnerables, no sólo con el extractivismo salvaje, sino con crueldades urbanas como la gentrificación y el pobre acceso a la salud.
Pretender diluir la unión de estos días apostando a la división es burdo.
Panamá se dio cuenta de que sus problemas no son aislados y de que cuando se unen maestros, jubilados, estudiantes y naciones originarias, se hace una voz que llega a los oídos de cada vez más gente y pone en jaque a quienes están acostumbrados a abusar del pueblo.