Artículo exclusivo
Por Lucy Chau, poeta, escritora, investigadora, docente, activista panameña y parte del equipo creativo de Colmena Lab. En su faceta de activista, Lucy ha contribuido a crear espacios artísticos para crear nuevas formas de protesta por la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión.
El viernes 3 de noviembre Panamá pasó a la historia de Latinoamérica por haber logrado aprobar la Ley 407 que prohíbe de forma indefinida la concesión de nuevos proyectos mineros y promulga una moratoria sobre trece de las quince concesiones actuales, es decir se detienen los procesos en marcha y la entrega de nuevas concesiones. Ahora el país entero se encuentra a la espera del fallo de la Corte Constitucional para declararse un país libre de minería.
La indignación de miles de personas en la República de Panamá ha ido creciendo aceleradamente, desde que, el viernes 20 de octubre del 2023, el Presidente, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley 406 a través de la cual se aprueba el Contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá S.A.
Esa misma noche empezaron a sonar por todo el país las pailas y los cucharones que no han cesado de interrumpir las actividades domésticas cotidianas para protestar, aunque sea desde casa, por la que se considera una medida inconsulta, arbitraria y contraria a los intereses de la población y el ecosistema del istmo.
La preocupación por la agresiva política extractivista no empezó este año, ni con este gobierno, sino que ha sido un largo proceso de señalamientos, análisis, denuncias e investigaciones que se dificultan por la intensa protección de intereses económicos desde todos los órganos del Estado, la empresa privada y los gobiernos locales.
Es difícil poner en orden los hechos en un país en el que se oculta información, se protege a los socios de las empresas con la figura legal de las sociedades anónimas y se disfrazan de parentescos aparentemente inocentes los vínculos económicos que afectan las decisiones políticas más importantes de la nación.
La historia de First Quantum Minerals en Panamá hay que hilarla con retazos de información, los cuales van apareciendo a medida que se desbloquean las intrigas que por años fueron creciendo y que probablemente solo conozcan en su totalidad unos cuantos.
Una de las estrategias de la empresa para allanar el camino hacia sus ganancias más jugosas y limpiar su imagen ante la opinión pública en el país, ha sido patrocinar incontables actividades culturales, educativas y deportivas y la importante inversión en medios de comunicación y publicidad en redes sociales. De esta forma, la empresa ha posicionado el nombre como aliada de muchas iniciativas sociales que desconocen la moneda de cambio por la que venden su imagen para lavar la cara de un negocio que contribuyó a la ruina financiera del Congo africano y cuyos efectos devastadores provocan grandes olas migratorias, como las que hoy agobian precisamente a Panamá.
2021: El inicio de la resistencia de las comunidades y las mentiras del gobierno
Desde el año 2021, mientras el gobierno decía tener una actitud de rechazo a la relación del país con la empresa, varias organizaciones ambientalistas y comunitarias del interior del país mostraron su preocupación por el creciente aumento de solicitudes para concesiones mineras y presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de moratoria a esta actividad en todo el territorio panameño.
También se iniciaron acciones de protesta en la provincia de Coclé, solicitando a su Gobernador la intervención para que se respetaran los derechos laborales —un reclamo que estalló en las huelgas obreras del 2018— y la debida protección del medio ambiente, pero una y otra vez, las inquietudes no pasaron de ser advertencias que pronto se convertirían en lo que hoy parece tomar por sorpresa a las autoridades.
2022: La crisis económica como excusa para retomar la minería
A mediados del 2022, un estallido social que inició en la Provincia de Colón, puso en vilo al país, con cierres de las principales vías terrestres y una huelga docente que tuvo el apoyo de la población por el desmedido aumento de los servicios, el combustible y los alimentos.
Luego de semanas de protestas, a las que se sumaron los gremios de docentes, transportistas públicos y organizaciones sindicales, se instaló una “Mesa de Diálogo” con la que se lograron acuerdos para el sector de la educación, el subsidio de combustibles para toda la población, la congelación de precios de la canasta básica, entre otros beneficios para la población.
La defensiva posición del gobierno se escudaba en las dificultades presupuestarias, alegando que para cumplir con las peticiones de los manifestantes representados en la “Mesa de Diálogo” ni siquiera bastaba con la contención del gasto, o la reducción de la abultada planilla estatal.
La falta de respuesta ante las demandas sobre la estabilidad de la Caja del Seguro Social y futuro del Plan de Vejez, Invalidez y Muerte, se convirtieron en la excusa para plantear la supuesta necesidad de retomar un viejo contrato de concesión minera, ya demandado por su inconstitucionalidad y porque incumplía varias leyes nacionales, comenzando por las obligaciones laborales.
Ya bien entrado este año, las organizaciones ambientales advirtieron la necesidad de vigilar el nuevo contrato que se estaba negociando con la empresa First Quantum Minerals, la cual operaba ilegalmente desde que la concesión fuera declarada inconstitucional en el año 2017.
Como una broma de mal gusto, esta declaración de inconstitucionalidad llega veinte años más tarde, al mismo tiempo que se vencía el término de la concesión otorgada en 1997, a la que entonces se le conocía como Petaquilla Minerals.
Curiosamente, First Quantum Minerals compró las acciones de Minera Panamá en la concesión Petaquilla Minerals en 2014, como si la condición legal no fuese ningún problema. Y no lo era, porque mientras se le ocultaba a la población el fallo, antes de terminar su mandato, el presidente Juan Carlos Varela extendería la concesión con una prórroga de 20 años adicionales, esta la situación legal solamente se conocería en el año 2021, cuando el actual presidente debía tomar una decisión al respecto. Se esperaba que —dado el fallo de la Corte— cesaran las operaciones, pero muy por el contrario, se habló de un nuevo contrato con mejores condiciones para Panamá.
2023: La masiva resistencia antiminera
En agosto de 2023, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), de la cual forman parte siete territorios y 12 congresos, manifestó su rechazo al nuevo contrato del que poco o nada se sabía en la población.
Mientras tanto, estudiantes de la Universidad de Panamá organizaban protestas en los alrededores del Campus Central.
En la Asamblea Nacional, el proyecto seguía debatiéndose entre los diputados, a la vez que los estamentos de seguridad aumentaban su pie de fuerza para dispersar a los manifestantes.
Empezaron las vigilias, las asambleas comunitarias, los foros académicos, la exposición de un nuevo discurso en las redes sociales y las marchas de varios sectores de la población.
Las organizaciones exigían el derecho a participar en los debates del órgano legislativo y cada día se encontraban con la sorpresa de cuotas de participación ciudadana ocupadas por simpatizantes del proyecto con guiones armados a la medida de la empresa minera y quienes se preparaban para ofrecerles en bandeja de lujo una cantidad obscena de derechos sobre el suelo, el subsuelo, áreas aledañas, espacio aéreo, excepciones al código de trabajo y protección casi absoluta ante cualquier peligro de ser auditados por el Estado.
Después de una vigilia permanente, múltiples cierres de calles y el rechazo aplastante en todas las redes sociales en las que se expuso a la población el peligro del proyecto de ley, el documento fue devuelto por la Asamblea Nacional a sus proponentes para que fuera revisado.
Sin embargo, para sorpresa de la población, que ya encontraba en este atentado a la salud pública una amenaza real, el documento con modificaciones entró al Primer Debate el día 18, y al otro día, mientras aún se esperaba el espacio para la participación de las organizaciones en el Pleno de la Asamblea, se dieron el segundo debate el 19 y luego el tercer debate el 20 de octubre, alcanzando la sanción presidencial y su publicación en Gaceta Oficial en el tiempo récord de unas cuantas horas.
Dirigentes de la Comarca Ngäbe-Buglé —quienes hace más de diez años atrás habían advertido sobre su posición irrevocable en contra de la actividad minera bajo el grito de “Ñagare Minería” y se habían levantado en contra del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco— anunciaron días antes que bajarían de las montañas a defender al país, incluso de las malas decisiones sus gobernantes.
Los gremios se declararon en alerta y las organizaciones ambientalistas denunciaron la falta de mecanismos para la participación ciudadana sobre el nuevo documento a debatirse en la Asamblea Nacional. Pero nada de esto hizo mover un pelo a los siete diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea que el 18 de octubre votaron a favor del proyecto de ley con la aparente convicción de que —como una tarea mal hecha— bastaba con cambiar un par de párrafos, suavizar algunos números y la población tomaría por bueno el polémico documento. Esa misma noche, los manifestantes que hacían vigilia afuera del recinto parlamentario, empezaron los piqueteos allí y en las calles aledañas que luego se extendieron a las afueras de la Universidad de Panamá.
Mientras en las redes sociales ya se anunciaba la posición de varios diputados que insistían en la inminente aprobación y de otros que denunciaban reuniones de la bancada oficialista en Presidencia.
Los medios de comunicación tradicionales pasaban frenéticamente materiales de propaganda sobre las bondades del futuro contrato-ley, sobre las necesidades urgentes de la población que la empresa prometía resolver y sobre la amenaza de ser demandados por la empresa minera de no aprobarse el contrato.
Un pálido ministro de Comercio repetía por radio, televisión y redes sociales sus preocupaciones por las demandas que teme se desarrollen, incluyendo las de los tratados de libre comercio entre Panamá y Canadá, sumado al de Panamá y Corea.
Entre frases ambiguas y conjugaciones del condicional, el ministro hablaba de varias demandas de arbitraje por más de cien mil millones de dólares. Curiosamente, el Ministro de apellido Boyd, pertenece a una de las familias vinculadas a la empresa minera, al igual que el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien otorgó la primera concesión minera en 1997 y cuya esposa es Dora Boyd de Pérez Balladares.
Las mayores inversiones de Minera Panamá fueron hechas después de una demanda de inconstitucionalidad. Contradictorio como suena, la verdad es que operaron por cinco años de forma ilegal (2017-2021) y sus ganancias aumentaron sin tener compromisos con el Estado Panameño, dado que el contrato no tenía sustento legal.
Al día siguiente, tal como lo prevé la legislación vigente, el proyecto pasó a segundo debate sin la participación de la sociedad civil. Estaban a puertas cerradas y solamente se tenía la esperanza de que en el debate, algunos diputados independientes lograran solicitar la participación ciudadana, de expertos o de posibles afectados.
La sentencia de muerte de la Asamblea y la sociedad comprometida con la vida
Afuera, las protestas crecían, exigiendo que se permitiera la entrada de las organizaciones. Pero una sentencia de muerte se asomaba al Pleno de la Asamblea: el alegato de que no era necesario discutir nuevamente el proyecto, ya que solamente se estaban aprobando los cambios hechos a solicitud de la sociedad a través de los diputados que se oponían.
El segundo debate había finalizado con cuarenta y siete votos que daban el sí al contrato-ley, aplastando a seis en contra y a dos abstenciones tibias, sin voces expertas que dieran luces sobre temas tan importantes como la legitimidad de los estudios de impacto ambiental, los derechos que el contrato cede sobre sobre los recursos naturales y sobre todo el artículo que hace retroactivo por cinco años el contrato-ley, haciendo que los cinco años de operaciones ilegales estén amparados totalmente y libres de cualquier posible demanda. Todo dependía ahora del Tercer Debate.
Una multitud enardecida se manifestaba afuera de la Asamblea Nacional, a sabiendas de que ya había terminado la votación, y con una aplastante derrota para quienes adversaban el proyecto. Con todas las salidas sitiadas por los manifestantes, las fuerzas policiales usaron todo su equipamiento para despejar el camino de quienes saldrían del hemiciclo parlamentario después de una tensa jornada.
Bombas lacrimógenas hacia todos los costados pasaban por encima de las cercas metálicas que —paradójicamente— fueron adquiridas por el Estado para la visita del Papa Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud. De una de esas cercas salió el disparo por el que perdería la vista de su ojo derecho el fotoperiodista Aubrey Baxter, quien cubría los hechos únicamente armado con su cámara fotográfica y un celular.
Las imágenes del joven con su rostro lleno de sangre empezaron a recorrer las redes, generando un comunicado de la Policía Nacional negando que los daños a la salud del reportero tenían que ver con alguna de las unidades que custodiaban el edificio principal del órgano legislativo. Lo que no había aparecido hasta ese momento era el video que el mismo Baxter grabó desde la calle, cuando una de las unidades policiales sacó el arma y la apuntó contra él, uno de los pocos que permanecía tranquilo en el área amparado por su estatus de periodista. No era la primera vez que estaban frente a frente, ni la primera protesta en la que caminaba de un lado al otro haciendo transmisiones en vivo para el medio en el que trabaja.
Declaraciones de abogados y representantes del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, el colectivo Ya es Ya y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), frente a la denuncia penal en el Ministerio Público, contra los comisionados de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, por el caso de agresión contra el fotógrafo, Aubrey Baxter. (Fuente: La Prensa Panamá).
Para garantizar el flujo vehicular de los diputados, todas las calles aledañas fueron sitiadas por policías antimotines, sin importar los derechos ciudadanos a la libre circulación o a la expresión de consignas. Entre los recipientes que los manifestantes recogían, encontraban latas de granadas lacrimógenas con fecha de expiración de 2017, que advertían en letras grandes el peligro de utilizarse después de la fecha marcada.
A pesar de que las unidades policiales trataron de retirarlas rápidamente de la zona, los videos ya circulaban por todo el país ante el enojo de personas, que expresaban preocupación por los manifestantes, los vecinos de áreas aledañas a las zonas de protesta e incluso por la salud de las mismas unidades policiales. La Universidad de Panamá, que había estado plagada de bombas lacrimógenas durante semanas, decidió suspender clases para evitar más enfrentamientos en los alrededores de su Campus Central y —por ende— subsecuentes despliegues de material tóxico.
Las convocatorias a vigilias, protestas, cierres y demás manifestaciones iniciaron desde las siete de la mañana del 20 de octubre, pero antes del mediodía: 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, después de una discusión de 50 minutos confirmaron lo que tanto se temía.
Las calles se llenaron de rabia, de desilusión y de impotencia, al saber que el Presidente de la República en pocas horas estaría dando su firma para lo que sería —en palabras de los dirigentes sindicales— vender al país.
Entonces, comenzó la nueva organización, una mucho más agresiva para mostrar el poder de convocatoria de la fuerza popular ante la decisión del Presidente. Empezaron a circular las listas de organizaciones y vías que se iban a cerrar a partir del lunes 23 de Octubre, incluyendo la Vía Panamericana, en varios puntos, desde la Provincia de Chiriquí hasta el Puente de las Américas.
Las horas de más tensión
El domingo 22, en un hecho inédito para una institución pública, se suspendieron las clases de las escuelas públicas y privadas para el lunes y el martes siguientes. Lo mismo hicieron las universidades y otras instituciones de educación. Evidentemente, la tensión iba creciendo, y —aunque la información parecía informal— era evidente que iba en serio y que tenía similitudes con el inicio del estallido social del 2021. Si el país se había paralizado por un mes en aquel entonces, era muy posible que en esta ocasión los mismos actores lograran desestabilizar el orden por un tiempo indefinido.
El gobierno apostó directamente a los sectores más vulnerables. En los teléfonos celulares de los jubilados empezaron a aparecer mensajes de futuros aumentos a cuenta de la aprobación del contrato minero, las entrevistas a funcionarios en varios medios solamente hablaban de las bondades del contrato-ley, y una curiosa filtración de mensajes en un grupo de Whatsapp develó la logística de una extorsión a un grupo de personas para que comentaran a favor de la minería, recordándoles a sus miembros que debían mandar las capturas de pantalla para un control de participación. Las voces de la extorsión eran de allegadas a un diputado del partido oficialista, quien se mostraba orgulloso de la acción en un video que él mismo publicó en sus redes con una de las personas que exigía las muestras de simpatía.
Fue un domingo largo, lleno de consignas, comunicados, mensajes de aliento desde otros países y organizaciones; información que iba y venía por las redes con opiniones, consideraciones y llamados a la participación ciudadana.
A las 4:00 a.m. del lunes 23, ya los policías antimotines se encontraban vigilando muchos de los puntos de cierre anunciados. Tenían órdenes de arrestar a quienes se proponían cerrar calles o siquiera manifestarse a un costado de forma pacífica. Sin embargo, eran demasiados los puntos e incierto el camino que iban a tomar los encuentros entre organizaciones. Esa mañana, en el Puente de las Américas, luego del enfrentamiento entre policías y obreros, estos últimos encontraron casquillos de municiones de guerra, denunciaron heridos e instaron a la población a sumarse a la lucha.
Las calles estaban tomadas, los comercios empezaban a proteger sus locales y las redes sociales estaban encendidas. La represión continuaba en varios puntos y un nuevo elemento se apoderó de los escenarios de lucha. Identificados como “infiltrados”, grupos de encapuchados protagonizaron saqueos y daños a la propiedad privada. La policía los dejaba actuar, por su tardanza en reaccionar o llegar; sin embargo, a los manifestantes de las organizaciones, las unidades policiales les respiraban en la nuca.
Denuncian presencia de grupos infiltrados en manifestaciones pacíficas para desvirtuar las luchas provocando alteración de orden público, con violencia y daños a la propiedad pública y privada. (Fuente: Telemetro)
Los medios, por su parte, denunciaban enérgicamente la violencia en las protestas, mostrando las imágenes de los encapuchados y alertando a la población sobre el peligro de estar en las calles. Todos los titulares hablaban de las afectaciones económicas, de robos y de la atención médica que había sido imposible brindar a causa de las protestas. Procuraban entrevistar a los ciudadanos que se quejaban de no poder circular y de incidentes aislados en los que manifestantes habían impedido el paso de ambulancias.
Sin embargo, la campaña duró poco. En las redes sociales se emitían comunicados de las organizaciones sociales sobre la naturaleza de las protestas, repudiando los hechos vandálicos. Los testimonios y los videos mostraban la llegada organizada de buses con encapuchados armados que irrumpían en las protestas para vandalizar locales, asaltar a los transeúntes e incluso cobrar un “peaje” por dejar pasar vehículos a través de sus barricadas. La población sabía que era otra estrategia para dividir y sembrar el miedo a seguir apoyando las protestas.
El martes 24, el Presidente se dirigió a la nación ante la expectativa de toda la población sobre una solución al desatinado exabrupto gubernamental; sin embargo, sus palabras fueron todo lo contrario a lo esperado.
Le recordó a la población que su gobierno “había recibido un problema” y que el nuevo contrato traería mejores condiciones, incluyendo el aumento a los jubilados que recibían menos de 350 dólares mensuales. Estas declaraciones provocaron la ira de más ciudadanos por el tono amenazante con el que advirtió que no permitiría cierres de vías o daños a terceros.
A partir de ahí, se multiplicó la participación en las calles como si de pólvora se hubiera tratado el discurso presidencial. Se unieron los paros de médicos, enfermeras, transportistas de carga pesada, boteros del sector turismo, agricultores y muchos otros gremios que circulaban comunicados en rechazo a la ley, a la actividad minera y al actuar del gobierno.
Si en la ciudad las marchas abarrotaban las calles con miles de manifestantes como nunca antes en la historia, las provincias no se quedaban atrás con todo tipo de acciones de protesta.
Ni siquiera los dos últimos mensajes a la nación calmaron las cosas, mucho menos él último video con un tono más conciliatorio y que anunciaba un nuevo proyecto de ley para derogar el nefasto 406.
En ese momento, ya más de cuatro demandas por inconstitucionalidad estaban en curso al margen de lo que expresara el ahora visiblemente agotado presidente.
A catorce días de aquel evento, que hoy cada vez más diputados llaman “un error”, el gobierno ha cancelado los desfiles patrios, las clases, los eventos protocolares y cualquier aparición pública del presidente, el vicepresidente, y los ministros de Estado.
Dos proyectos de ley han entrado a la Asamblea Nacional; uno para la moratoria de proyectos mineros a cielo abierto y otro para la derogación del Contrato-Ley con Minera Panamá. Las calles siguen cerradas y el tradicional éxodo al interior del país y a las playas que se daba desde el 2 de noviembre se ha visto en la necesidad de esperar por mejores tiempos. Una lluvia pertinaz acompaña cada tanto las vigilias y el silencio luctuoso de un país que no tiene nada que celebrar hasta que esté libre de la devastadora minería, que como un comején ha ido destruyendo el territorio nacional por dentro.
Información adicional sobre la historia de la minería en Panamá
Año | Inversores y Eventos |
1968 | Mina descubierta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). |
1971 - 1980 | La compañía Panama Mineral Resources Development Co. Ltd. (PMRD) de Tokio, en consorcio de 3 empresas japonesas de cobre (Mitsui Mining and Smelting Co., Dowa Mining Co., Mitsubishi Metal Corp.), perforaron 99 pozos (14,159 m). |
1980 - 1988 | Inactiva. |
1988 | Inversión por parte de GeoRecursos International S.A., Panamá. |
1990 - 1992 | Minnova Inc. adquirió el 80% de GeoRecursos y realizó muestreos. |
1992 | Minnova le otorgó a Adrian Resources Inc. la opción de adquirir el 32%. Adrian perforó 396 pozos (75,991 m). |
1993 | Adrian compró GeoRecursos a MinAmerica Corporation, Panamá. Minnova poseía el 48% y Adrian el 52%de la mina. |
1993 | Minnova fue adquirida por Metall Mining Corporation. Teck Corporation adquirió el 26% de Adrian y se convirtió en operador. |
1994 | Se realizó un estudio de factibilidad por Kilborn en los depósitos de Petaquilla (Colina) y Botija, con reservas minerales de 579 millones de toneladas a 0.52% de cobre, 0.12 g/t de oro y 0.014% de MoS2. |
1995 | Metal Mining se convirtió en Inmet Mining Corporation. La empresa panameña siguió siendo Minnova (Panama) Inc. |
1996 | Teck perforó 124 pozos (26,837 m). Se realizó un estudio de factibilidad por Fluor Daniel Wright con reservas minerales de 1,461 millones de toneladas a 0.493% de cobre, 0.11 g/t de oro y 0.015% de MoS2. |
1997 | Se promulgó la Ley del Contrato de Petaquilla No. 9. Se formó la compañía tenedora Minera Petaquilla S.A. (MPSA). |
1998 - 2003 | Mina inactiva debido al bajo precio del cobre. |
2003 | Reactivación del proyecto. |
2005 | El depósito de oro Molejón se transfirió a Petaquilla Minerals Ltd (antes Adrian Resources). El gobierno aceptó el Nuevo Plan de Desarrollo, considerando el inicio de las obras de infraestructura de Molejon Gold como el inicio oficial del proyecto según la Ley de Petaquilla. |
2007 | Actualización del estudio de factibilidad. |
2006 - 2008 | Petaquilla Copper Ltd perforó 308 pozos (30,383 m). |
2007 - 2018 | Minera Petaquilla S.A. MPSA perforó 883 pozos (191,478 m). |
2008 | Teck Cominco (antes Teck) establece su interés. La propiedad pasó a ser de Inmet 48%, Teck Cominco 26%, Petaquilla Copper (antes Adrian) 26%. Inmet compró las participaciones restantes para ser dueño del 100%. |
2008 | Cambio de nombre del proyecto a Mina de Cobre Panamá. El nombre de la empresa operadora se cambió a Minera Panamá S.A. (MPSA). |
2009 | Korea Panama Mining Corp. KPMC (LS Nikko Copper Inc. y Korea Resources Corporation, KORES) adquirió la opción de poseer el 20%. |
2010 | La junta directiva de Inmet aprobó la construcción de la mina. |
2011 | ESIA (Environmental Social Impact Assessment) aprobó que el desarrollo continúe. |
2012 | KPMC se convirtió en el 20% del accionariado de MPSA. |
2012 | La junta directiva de Inmet tomó la decisión de comenzar la producción. |
2012 | Franco Nevada adquirió una participación en el flujo de metales preciosos. |
2013 | Comenzó la construcción de la mina. |
2013 | First Quantum Minerals Ltd. compró Inmet y adquirió el 80% de Minera Panamá S.A. (MPSA). |
2014 | First Quantum reanudó la construcción con un nuevo plan. |
2017 | LS Nikko se retiró, otorgando a First Quantum el 90% de MPSA y a KORES el 10%. |
2019 | Comenzó la producción minera. |
La historia de ‘Cobre Panamá (Petaquilla) mina de cobre’
Fuente: La historia de la minería y la exploración minera en Panamá: De la minería de oro precolombina a la minería moderna de cobre, Stewart D. Redwood.
Redwood, S.D., 2020, The history of mining and mineral exploration in Panama: From PreColumbian gold mining to modern copper mining: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 72 (3), A180720. http://dx.doi. org/10.18268/BSGM2020v72n3a180720